El documento, presentado en el marco del Foro Global sobre Financiación al Desarrollo Sustentable que concluyó ayer en Monterrey, norte de México, analiza la situación creada en algunos de los países de la región que han seguido las recetas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).
En el caso de Argentina, la organización recomienda al gobierno de Eduardo Duhalde, como medida indispensable, que derogue las normas claramente inconstitucionales dictadas por el gobierno saliente. Además, advierte que la agenda social debe ocupar un lugar prioritario en este período de transición en el país y sugiere que las nuevas políticas económicas se adopten por consenso.
El Gobierno, continúa, debe hacer valer las obligaciones que asumió en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y hacerlas valer frente al Banco Mundial y el FMI.
La precarización en Argentina se ha dado al amparo de un proceso paralelo de concentración de la riqueza en una pequeñísima proporción de la sociedad, agrega.
El ejemplo de Bolivia, según Social-Watch, demuestra que el libre flujo de capitales, la inversión extranjera directa y las privatizaciones no bastan para acelerar el desarrollo nacional.
Estas políticas, denuncia el informe, han promocionado el crecimiento de la brecha entre las dos Bolivias: la minoría que se beneficia de los flujos de capital extranjeros y una gran mayoría que se asfixia en el atolladero de la economía interna.
Brasil exhibe todavía un crecimiento mediocre y presenta perfiles perversos en la distribución de la riqueza, agrega. La política del Gobierno brasileño está dominada por la inquietud y el sentimiento de los mercados financieros, lo que, según el análisis, deja poco espacio a la atención social.
En Chile, la agenda oficial se inclina progresivamente hacia los intereses empresariales, confiando en que generará empleo y reactivará la economía, aunque, a juicio de Social-Watch, el Estado tendrá que intervenir para crear oportunidades de desarrollo social.
