La compañía Dow Chemical está presionando al gobierno de Trump para que rechace los hallazgos de científicos federales que señalan que una familia de pesticidas muy utilizados resulta dañina para unas mil 800 especies amenazadas o en peligro.
Abogados que representan a Dow —cuyo director general lidera también un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre manufactura— y a otros dos fabricantes de organofosforados enviaron misivas la semana pasada a los responsables de tres agencias del Gobierno.
Las empresas les pidieron que “dejen de lado” los resultados de los estudios del Gobierno, que según las compañías tienen fallos fundamentales.
El presidente y director general de Dow Chemical, Andrew Liveris, es un asesor cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La empresa donó un millón de dólares para las celebraciones de la investidura de Trump.
Durante los últimos cuatro años, científicos del Gobierno han elaborado un reporte oficial que abarca más de 10 mil páginas y que indica que tres pesticidas en revisión —el clorpirifós, el diazinón y el malatión— plantean un riesgo casi para todas las especies en peligro estudiadas.
Reguladores de tres agencias federales que comparten la responsabilidad de aplicar la Ley de Especies en Peligro están cerca de presentar sus hallazgos, que se espera provoquen nuevos límites sobre cómo y dónde pueden emplearse estos insecticidas de gran toxicidad.
La petición de la industria se produjo después de que el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Scott Pruitt, anunció el mes pasado que revocaría una iniciativa de la era Obama para vetar el empleo del pesticida clorpirifós de Dow sobre cultivos para consumo humano después de que recientes estudios revisados por la comunidad científica determinaran que, incluso, una exposición mínima a la sustancia podía mermar el desarrollo de los cerebros de los niños.
En su cargo anterior como secretario de Justicia de Oklahoma, Pruitt se puso a menudo del lado de ejecutivos y corporaciones que apoyaron sus campañas estatales en diferentes disputas legales.
Presentó más de una docena de demandas reclamando que se revocaran algunas de las mismas normas que ahora está encargado de aplicar.