Una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció ayer que recortará la jornada laboral de empleados públicos por primera vez en la historia del territorio estadounidense.
A partir del 1 de septiembre los empleados públicos, menos la policía, trabajarán dos días menos al mes, dijo la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jarsko. Añadió que la medida se prolongará durante todo el año fiscal 2018. La reducción de la jornada laboral es necesaria porque el gobierno del gobernador Ricardo Rosselló no ha logrado una reducción el gasto en 218 millones de dólares, parte de la reducción de 880 millones exigida por la junta, dijo Jaresko. “Nuestra situación actual sigue siendo muy preocupante”, acotó.
Los funcionarios puertorriqueños rechazaron la decisión de la junta. “No habrá reducción de jornada laboral. Pueden darlo por seguro”, dijo Christian Sobrino, el representante del gobernador en la junta y que se encontraba junto a los miembros de esta durante la reunión pública. Rosselló no respondió a los pedidos de declaraciones, pero dijo en un comunicado que hablaría públicamente en las próximas horas. El gobernador dijo que recurriría a las cortes para repeler la medida, la cual -sostuvo- afectaría a más de 138 mil empleados y provocaría un impacto negativo equivalente a 600 millones de dólares en los próximos dos años. El presidente de la junta, José Carrión, advirtió que el recurso a la justicia podría redundar mayores reducciones a las jornadas laborales si se demora su aplicación.