El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su proyección de crecimiento para la economía de Perú este año al 2.7%, debido a graves inundaciones y un escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, dijo el organismo.
La proyección es menor a la expansión del 3.5%, estimada por el FMI en su último reporte de pronósticos para América Latina, difundido en abril, y de la estimación del Gobierno peruano del 3%.
Aunque el organismo internacional precisó que Perú mantendría este año un crecimiento económico “alto” comparado con la región, por el mayor impulso fiscal y el inicio del proceso de reconstrucción, afirmó que existen riesgos que afectarían esta expansión.
“La contribución de las exportaciones al crecimiento económico se proyecta que caiga desde casi 2.5 puntos porcentuales en 2016 a solo 0.5 puntos porcentuales en 2017”, dijo el FMI en su reporte.
“Al mismo tiempo, grandes proyectos de infraestructura que han sido retrasados tras el escándalo de Odebrecht y las inundaciones y deslaves han destruido una significativa parte del mercado de capitales”, agregó.
La constructora brasileña Odebrecht encara una investigación por corrupción en varios países de América Latina, tras reconocer que pagó sobornos para ganar obras públicas.
En Perú, admitió pagos por unos 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Para 2018, en tanto, el FMI estimó una expansión de 3.8% impulsado por un mayor gasto en reconstrucción y un efecto de recuperación de la inversión privada de los proyectos retrasados tras el escándalo de Odebrecht y otros factores.
En abril, el Gobierno propuso ampliar las metas fiscales para los próximos cuatro años.
Para este año, estimó un déficit fiscal del 3.0% del producto interno bruto (PIB) y del 3.5% para 2018, cuando se ejecutará un mayor gasto en la reconstrucción.
El FMI destacó algunas medidas anticorrupción dadas por el Gobierno de Perú, pero recomendó otras como fortalecer el marco legal, implementar las medidas contra el lavado de activos en línea con los estándares internacionales y elevar las auditorías a personas expuestas políticamente, que ayudarían a prevenir el uso incorrecto del sistema financiero de funcionarios corruptos.