El proyecto de ley 509, aprobado ayer en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, sufrió varias modificaciones en relación a la propuesta original presentada por el Ejecutivo.
Aunque el proyecto original rebajaba las tarifas a todas las propiedades, los mayores beneficios se reservaban para los bienes constituidos como patrimonio familiar tributario. Luego del primer debate, estas ventajas se extenderán a las viviendas principales de cualquier persona, ya sea soltero sin hijos, viudo sin hijos o pareja no casada con menos de cinco años de convivencia. No habrá distinción entre los impuestos que pague una familia o una persona soltera. La residencia habitual de una persona o familia estará exenta de pagar impuesto de inmueble por los primeros $120 mil del valor catastral de la propiedad. Sobre el excedente se aplicará una tarifa de 0.5%. Desaparece la tarifa más alta, de 0.8%, que anteriormente se había contemplado para el excedente de $250,001.
Proyecto de ley 509 es aprobado en Primer Debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la @asambleapa. pic.twitter.com/zp6w9oFG6h
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— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 4, 2017
Javier Mitre, director de Legal de la Dirección General de Ingresos (DGI), señaló que para recibir la exoneración y las tarifas más bajas, los propietarios deberán presentar una declaración jurada a la DGI, señalando que el bien se constituye como patrimonio familiar tributario o vivienda principal. No se requerirá estar paz y salvo para recibir el beneficio y si la DGI no responde a la solicitud en tres meses, se entenderá como concedido el beneficio, aunque podrá fiscalizar posteriormente que en efecto se trata de la residencia habitual de una persona. Quienes declaren que una propiedad es patrimonio familiar tributario o vivienda principal cuando no lo sea se exponen a multas de hasta $10 mil, además de las consecuencias que pueda tener por defraudación fiscal.
Consultado sobre una eventual moratoria, el director general de Ingresos, Publio Cortés, dijo que no estaba de acuerdo con esa fórmula porque el Estado renuncia a cobrar intereses, se crea un pico en la recaudación que va seguido de un valle en los meses subsiguientes y no se hace justicia con los contribuyentes que pagan puntualmente.
Las segundas residencias y los inmuebles comerciales e industriales estarán exonerados de pagar impuesto de inmuebles por los primeros $30 mil de valor catastral; pagarán una tarifa de 0.6% en el tramo entre $30,001 y $250 mil; y se les aplicará una tasa de 1% en el excedente sobre $250,001.
En el primer debate se introdujo también la figura de agentes de retención de este impuesto. Así, bancos, cooperativas o financieras que concedan préstamos residenciales serán los encargados de cobrar el impuesto junto a la letra de la hipoteca y remitírselo al fisco. “Con la inclusión de esta figura vamos a hacer más efectivo el cobro del impuesto y esperamos compensar las exoneraciones adicionales que estamos dando a las zonas francas”, dijo Cortés.
En el proyecto que llegará a segundo debate se modificaron también las condiciones para zonas francas y el área económica especial de Panamá Pacífico. La propuesta original eliminaba las exoneraciones al impuesto de inmuebles que tienen estos sectores. En el debate se acordó que en las zonas francas y en Panamá Pacífico los desarrolladores tendrán un periodo de exoneración de 30 años, mientras que las empresas que se instalan en estos desarrollos estarán exoneradas durante los 10 años siguientes a la aprobación de la ley.
Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, dijo que “se ha mejorado mucho respecto a lo que había originalmente planteado”, aunque recordó que en el caso del sector construcción, que perderá a partir de 2019 los incentivos de exoneración a las viviendas nuevas, no se ha llegado a ningún acuerdo.