Las reformas a la ley que rige para el sector eléctrico han generado el rechazo del sector privado, que exige formar parte del debate que cambiaría el esquema de comercialización de energía que ha existido desde hace 20 años.
Los organismos más representativos del sector privado se quejan por la falta de consulta del proyecto 573, que modifica la Ley 6 de 1997. Los cambios propuestos por el Ejecutivo se encuentran actualmente en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Primero fue la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa que salió a pedir que se le diera más tiempo a la discusión y luego el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que agrupa a todo el sector gremial del país, solicitó que se suspendiera su discusión, para que se revise en el próximo periodo, de manera que el sector privado tuviera tiempo suficiente para analizarlo y emitir concepto. Pese a la solicitud de los empresarios, la discusión del proyecto en la comisión legislativa continúo ayer y seguirá mañana.
El documento de 37 artículos hace cambios drásticos relacionados con la compra de energía, crea un nuevo agente de mercado denominado comercializador y traslada la compra de energía que organizaba la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). También flexibiliza los trámites administrativos de Etesa y propone eliminar el beneficio que tenían las minihidroeléctricas para no pagar por el uso de la línea de transmisión para el transporte de energía. Este era uno de los incentivos que tenía la legislación para atraer inversión en generación.
Desde la Secretaría Nacional de Energía dijeron que la reforma introduce la figura del comercializador, que rompería un poco el monopolio existente, porque actualmente las distribuidoras tienen un área geográfica específica donde solo ellas pueden comercializar la energía.
El comercializador solo podrá vender energía al gran cliente, que son particularmente las industrias, cadenas de servicios, hoteles o grandes empresas. Se busca que haya competencia en la oferta de tarifa a los grandes clientes y que se transfiera a los consumidores.
Aunque entre los comercializadores podrán participar las generadoras, se excluye a aquellas empresas que participan en el mercado con un nivel de contratación superior al 40% del consumo nacional de potencia o energía.
Consultado sobre esta propuesta legislativa, Severo Sousa, presidente del Conep, dijo que se mantiene la posición del gremio, pero considera como positivo que en la discusión de ayer se haya eliminado la figura del “interventor”, que se proponía en el documento. Este artículo fue retirado por la Secretaría Nacional de Energía, una de las entidades del Estado que defiende el contenido del documento.
Sin embargo, Sousa dijo que el Conep no está claro qué tanto beneficio le dará a Etesa añadir dos miembros a la junta directiva que actualmente tiene cinco integrantes.
Al llamado del Conep se sumó la opinión de la empresa de distribución Elektra Noreste (ENSA), que atiende a 440 mil clientes o el 43% y que se refiere a los efectos que podrían tener estas modificaciones en el precio de la energía.
Una de las preocupaciones en el sector es que el comercializador podría absorber a grandes clientes de las distribuidoras y estas empresas tendrían que subir la tarifa a todos los clientes para recuperar costos de la energía que prevén comprar para cubrir la demanda.
Los que finalmente percibirán los efectos, positivos o negativos de la reforma, son el millón de clientes que atienden las distribuidoras en todo el país, que son los consumidores finales del servicio de electricidad.
Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, considera que sí se requiere una reestructuración del sector eléctrico, sobre todo en lo relacionado con las malas prácticas de algunas distribuidoras con los clientes y la función del regulador. Considera que se debe crear un ente aparte que no sea la ASEP, para que atienda las quejas de los usuarios y haya una verdadera sanción a las empresas que no cumplen con el servicio, pero que los casos no terminen en la Corte Suprema de Justicia.