"El TLC nos obligará a hacer lo que debimos haber hecho antes por nuestra propia cuenta", afirmó el abogado Carlos E. González Ramírez, socio de la firma Arden & Price, quien presentó esta semana un análisis de lo negociado en el CAFTA (TLC entre EU y Centroamérica) y las lecciones que podría sacar Panamá.
Así como hay sensibilidades en el área de bienes, también las hay en el área legal, como le sucedió a Costa Rica con sus monopolios estatales en telecomunicaciones y seguros.
Panamá tendría que dictar una ley única- que podría anexarse al acuerdo- donde se modifiquen todas las disposiciones que contradigan los acuerdos llegados en la negociación del TLC bilateral. Ese fue el procedimiento que se utilizó cuando Panamá se adhirió a la OMC en 1997, explicó el abogado Alejandro Ferrer, ex embajador de Panamá ante este organismo.
Leyes problemáticas En Panamá, las profesiones están nacionalizadas por ley. Existen más de 30 leyes diferentes que establecen que distintas actividades profesionales - desde barberos hasta abogados-, deben ser ejercidas solo por panameños, explicó González Ramírez.
La Constitución también nacionaliza el comercio al por menor, pero deja a la ley la definición de cuáles son las actividades que se consideran en esta categoría.
Esto también augura intensas discusiones con la contraparte estadounidense, porque se trata de una norma constitucional, lo que hace recordar el caso de Costa Rica con las telecomunicaciones.
Según González Ramírez, Panamá debe plantear una negociación que permita un cambio legal y no uno constitucional en este aspecto.
Es decir, que a través de la legislación que define el comercio al por menor se puedan hacer las modificaciones que sean necesarias, sin llegar a reformar la Constitución.
El jurista recomienda en este caso acordar en la negociación una reforma a la ley para definir, por ejemplo, que las empresas que tienen menos de 10 empleados se les considere "comercio al por menor".
Por el lado de las compras del Estado, también podrían darse algunas sensibilidades, en el ámbito de la transparencia y de las restricciones a los extranjeros.
Hay algunas normas legales que implican algún grado de preferencia por empresas nacionales sobre las extranjeras en cuanto a compras gubernamentales y licitaciones públicas. Se establece, sin embargo, que estas empresas nacionales sí pueden tener accionistas extranjeros.
La Ley 56 de contrataciones públicas tiene algunas disposiciones que dejan avenidas abiertas para la falta de transparencia en algunas etapas del proceso, lo cual puede ser un punto de negociación con Estados Unidos, consideró González Ramírez.
En cuanto a las indemnizaciones por expropiación de tierras, hay una norma en el Código Civil que establece que la indemnización se establece con base en el precio de catastro, en lugar del precio de mercado, lo que a todas luces es una desventaja para el dueño del terreno.
En este punto, el CAFTA estableció una protección a los derechos al debido proceso y a recibir un justo valor de mercado en caso de expropiaciones.
Lo negociado en el CAFTA En la negociación del CAFTA, los países acordaron proteger toda clase de inversiones tales como empresas, deuda, concesiones, contratos y propiedad intelectual.
Llama la atención que se hayan incluido las inversiones en deuda privada y pública, lo que podría implicar en la práctica una obligación de mejorar los mecanismos de transparencia en las finanzas públicas.
En el tema de compras estatales, se estableció expresamente la penalización del soborno. Se especifica y delimita qué se define por soborno, cómo se ejecuta y los beneficios derivados de este acto, al igual que mecanismos para el cumplimiento efectivo de las disposiciones.
Se pide igualmente información transparente, procedimientos justos y transparentes y accesos no discriminatorio a los nacionales de las partes.
En el capítulo de reglas de origen se acordó transparencia en los procesos aduanales (para evitar la corrupción en aduanas), paso expedito por aduanas de la mercancía transportada por courriers y hasta el intercambio de información para evitar el trasbordo ilegal de mercancías. Este último punto puede ser de interés para la Zona Libre, en la negociación del TLC.
En cuanto a derechos laborales, se acordó la aplicabilidad y cumplimiento de las reglas de la OIT y que "no podrán debilitarse los derechos laborales para promover inversión o comercio".
Para Panamá, este punto lleva a preguntarse qué destino podrían tener los regímenes laborales especiales de las Zonas Procesadoras y de la futura ley de Howard, solo por mencionar algunos.
Hablan los abogados Consultado sobre este tema, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, reconoció que el TLC con Estados Unidos significará una reforma legal profunda para el país, pero aclaró que esta debe hacerse en diálogo comprensivo con todos los sectores profesionales que se puedan ver afectados.
"El mundo camina hacia la apertura de los servicios. Hacia allá estamos avanzando, por lo que no se le puede poner barreras y obstáculos a este proceso, pero tampoco debe dejarse a la 'intemperie' a los profesionales panameños", subrayó.
Informó que el Colegio de Abogados participará la próxima semana en las consultas públicas que se han iniciado con los diferentes sectores del país de cara a la negociación del TLC.
Adelantó que representantes del Colegio también acompañarán a los negociadores panameños en el "cuarto de al lado" cuando se inicien las negociaciones con Estados Unidos.
"Esperamos que dentro de estos acuerdos comerciales, se pueda lograr 'reciprocidad', es decir que no demos más concesiones de las que nos dará la contraparte", afirmó el presidente del Colegio de Abogados, quien también subrayó que los servicios legales ya están compitiendo exitosamente en otros países sin necesidad de subsidios del Gobierno.
