La intromisión del Ejecutivo en decisiones técnicas, como la posposición de la construcción de la tercera línea de transmisión en 2009, es un claro ejemplo de que se requiere blindar la autonomía de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) a través de cambios a la legislación, dijo el gerente de la entidad, Gilberto Ferrari.
En 2009, el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli decidió no construir la tercera línea de transmisión desde Chiriquí hasta Panamá, pese a que era una recomendación técnica incluida en el plan de expansión aprobado en 2008.
La actual propuesta de reformas a la Ley 6 de 1997, que regula el sector eléctrico, contiene 37 artículos, que fueron aprobados por la junta directiva de Etesa, el Consejo de Gabinete y presentada el 10 de octubre por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional para su discusión.
El documento espera por su debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Las reformas propone la inclusión de dos directores y autoriza a la junta directiva de Etesa el traslado de partidas dentro del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional para agilizar los trámites.
A juicio del gerente, los cambios planteados buscan agilizar las compras y trámites para que Etesa funcione a la velocidad del mercado y no haya que esperar meses por la aprobación de una partida para la compra de una pieza.
Indicó que por ello se aprobó pactar de forma directa 19 contratos por más de 63 millones de dólares para acelerar los procesos y garantizar la operación de la línea sin que haya interrupciones del servicio.
La construcción de la tercera línea debió comenzar en 2009 para que estuviera disponible en 2013, sin embargo, no fue hasta mediados de 2014 que se licitó para que se construyera. Luego de muchos inconvenientes técnicos con la liberación de la servidumbre por donde pasa la línea, se pudo completar la obra e iniciar operación comercial en octubre pasado.
Esto provocó que desde agosto de 2013 hasta septiembre pasado, Etesa tuviera que pagar $129.5 millones por generación obligada, es decir, compensar a las hidroeléctricas que no pudieron transportar la energía por falta de capacidad de la línea de transmisión.
“Una decisión no técnica, fuera de la empresa, ha obligado a Etesa a hacer una erogación innecesaria para hacerle frente a una decisión que la empresa no tomó”, dijo Ferrari.
En su lugar, las hidroeléctricas tuvieron que botar el agua de las represas o dejarla pasar sin aprovechar la generación de energía.
En el periodo de 2009 a 2014 hubo un gran crecimiento de plantas de generación eléctrica en el occidente del país, para aprovechar los incentivos que ofrecía la legislación. No obstante, la línea de transmisión para transportar esa energía no se comenzó a desarrollar al mismo ritmo.
Cada vez que Etesa requiere hacer una inversión se hace un plan de expansión que incluye una consulta pública, en la que puede haber opinión de cualquier ciudadano o empresa.
Cuando se aprueba este plan, Etesa lo asume como un compromiso que adquiere la empresa para desarrollar el servicio de transmisión. Fue esto lo que no se cumplió por orden del Ejecutivo y que tuvo efectos en todo el sector, incluso hasta en los usuarios, que se vieron afectados por el apagón de julio pasado que dejó sin energía a todo el país.
Ferrari advierte que Etesa debe ser manejada con la agilidad de una empresa privada, a pesar de que es 100% del Estado.