Un proceso administrativo y posible sanción a la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), por los apagones eléctricos registrados el 17 y 21 de marzo, anunció ayer la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
La institución informó que un equipo técnico, junto a un perito independiente, inició una investigación de oficio para determinar responsabilidades y ordenar los respectivos correctivos a Etesa por la explosión de los transformadores de corriente en marzo pasado.
La apertura del proceso administrativo o pliego de cargos se conoce en medio de la insatisfacción de miles de clientes de todo el país afectados por las interrupciones, cuyas causas no han quedado claras hasta el momento.
Aunque Etesa no hizo descargos ayer, tras el anuncio del regulador, anteriormente había señalado que las fallas se identificaron desde 2015, y por ello procedió a pedir 40 transformadores de corriente para reemplazar los existentes, pero los procedimientos administrativos exigidos demoraron la compra.
La explosión de los transformadores en la subestación Panamá del Centro Nacional de Despacho (CND), ubicado en el área de Condado del Rey, dejó sin energía eléctrica a la región metropolitana del país y a buena parte de Honduras y Nicaragua.
El administrador de la ASEP, Roberto Meana, confirmó que las investigaciones preliminares indican que los apagones se originaron en el interior del transformador de corriente de la subestación Panamá, dentro de la cubierta de metal que alberga las cuatro bobinas secundarias del equipo. Además, la degradación del aislamiento, a lo interno del transformador, provocó un arco eléctrico y su consecuente explosión, dijo.
Etesa informó la semana pasada que, según las averiguaciones preliminares, los transformadores de corriente que explotaron provienen de una misma línea de producción de una empresa y que fueron fabricados en 1999, en México. Se calcula que la vida promedio de estos equipos es de 20 años y los que explotaron ya tenían 17 años de operación continua.
Se logró determinar que las explosiones de estos transformadores no solo ocurrieron en Panamá, ya que también se registraron casos en México y en algunos países del Caribe, informó el gerente encargado de Etesa, Óscar Rendoll, días después de este evento.
Después de la apertura de este proceso a Etesa, la empresa contará con las garantías que le otorga la legislación para presentar su posición y responder a cada uno de los cargos que se le atribuyen, afirmó Meana.
Si se comprueba responsabilidad de la empresa, la entidad reguladora podría imponer una sanción de hasta 10 millones de dólares.
REGULACIÓN CONTRA ABUSO DE RECURSOS
La ASEP respalda un anteproyecto de ley que busca obligar a los agentes de mercado a consignar una garantía bancaria de 250 mil dólares por cada acción presentada con posterioridad a la acción que haya sido declarada “temeraria” por la entidad reguladora.
Se trata de una iniciativa legislativa que adiciona el artículo 30A a la Ley 26 de 1996, promovida por los diputados Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático y Quibián Teribe Panay, del Partido Revolucionario Democrático, y que se encuentra en la Asamblea Nacional para su discusión.
Meana dijo que apoya el anteproyecto porque en muchos casos algunas de las empresas han abusado en la presentación de recursos para dilatar los procesos o sanciones aplicadas.
El funcionario aclaró que no se trata de impedir a las compañías que presenten recursos, sino que lo hagan dentro de lo que establece la ley, sin incurrir en abusos. Como ejemplo de un caso que se demoró en resolver, mencionó la sanción por el apagón que se registró en 2013 y cuyas multas no se pudieron anunciar hasta cuatro años después.
