Sebastián Piñera, principal accionista de LAN y favorito en las encuestas como candidato a la presidencia de Chile en 2009, fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por el uso de información privilegiada para aumentar su participación en la aerolínea.
Así lo señaló un comunicado del ente regulador, que precisó que el 24 de julio de 2006, Piñera compró un paquete de tres millones de acciones de la aerolínea de la que era director, por un monto de 9 mil 840 millones de pesos (18.74 millones de dólares al cambio actual). "En su calidad de director (de LAN), al momento en que realizó la compra, (Piñera) conocía en detalle los estados financieros de la sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales (aún) no eran de público conocimiento", señala la resolución.
La multa alcanza a 19,470 unidades de fomento (UF, unidad de pago indexada diariamente según la inflación), que a su valor equivalen a 362,974,342 pesos (691,379 dólares).
Según la SVS, Piñera, que como candidato de la oposición derechista fue derrotado en una segunda vuelta electoral por Michelle Bachelet en las últimas elecciones presidenciales, transgredió la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada.
La Superintendencia señaló que la decisión se tomó sobre la base de antecedentes, documentos y testimonios, además del análisis detallado de los cargos y descargos presentados por las partes, así como de las pruebas presentadas.
"Lo anterior dio plenas garantías a los sancionados del cumplimiento estricto del debido proceso establecido por el marco jurídico vigente", señaló la SVS, que también multó a Juan José Cueto, otro director de LAN y a Víctor Bezanilla, director de Besalco.
Cueto recibió una multa de 1,620 UF, equivalentes a 30 millones de pesos (57,142 dólares) y Bezanilla una de 50 UF, equivalentes a 900 mil pesos (1,714 dólares).
Guillermo Larraín, superintendente de Valores y Seguros, comentó tras dar a conocer la decisión, que estos casos evidencian la necesidad de mejorar las prácticas de gobierno corporativo en Chile.
Eso implica, según Larraín, un manejo más riguroso de la información reservada que disponen los directores, con el fin de que dicha práctica resulte en mayores garantías de equidad para la inversión.
