El Congreso brasileño impuso una importante derrota ayer al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al aprobar la propuesta de repartir entre los 27 estados del país el dinero recaudado con el pago de royalties sobre la explotación de las gigantescas reservas de petróleo de la llamada capa presal.
La votación final representa un duro golpe principalmente para Río de Janeiro, que alberga gran parte de los yacimientos de crudo y gas en aguas ultraprofundas y depende del dinero de los derechos –unos 4 mil 500 millones de dólares anuales– para financiar sus ambiciosos proyectos con miras a la organización de los Juegos Olímpicos de 2016.
La nueva legislación cambia el sistema de prospección de petróleo: las empresas autorizadas para explotar los yacimientos en aguas ultraprofundas tendrán que compartir la producción con el Estado brasileño, en lugar de pagar por el derecho de operar los pozos, como hasta ahora.
Además, la petrolera brasileña Petrobras será la única operadora en los campos y, en caso de asociarse con otras empresas, tendrá asegurada una participación de por lo menos un 30% en el consorcio.
El resultado de la votación significó una derrota para el relator de la propuesta, el diputado oficialista y ex ministro de Hacienda de Lula Antonio Palocci.