Sacyr, una de las empresas adjudicatarias de la ampliación del Canal de Panamá, que concluye este mes el contrato al finalizar los tres años de mantenimiento de la obra, espera que en la primera mitad del próximo año se resuelva a su favor una de las mayores reclamaciones que disputa en arbitrajes internacionales.
En concreto, espera que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desembolse el importe de $463.1 millones (unos 400 millones de euros) correspondiente a los problemas técnicos que surgieron respecto al basalto y las fórmulas de hormigón empleadas en la obra.
Así lo indicó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, quien aseguró además que la importancia de esta resolución es “más cualitativa que cuantitativa”.
Ante la junta de accionistas de Sacyr, manifestó que “la línea en la que el tribunal de arbitraje de Miami se pronuncie en este primer gran contencioso será piedra angular y marcará tendencia para el resto”.
En total, el Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC) tiene abiertos distintos procesos judiciales que suman $5,200 millones en concepto de reclamaciones a la ACP, según se puso de manifiesto en el Informe de Cuentas Anuales Consolidadas del año 2018 de Sacyr publicado en febrero.
De este importe, a Sacyr le corresponderían $2,163 millones en virtud de la participación del 41.6% que tiene en el consorcio que construyó el segundo juego de esclusas, un grupo que completan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local CUSA.
Según Manrique, el proceso de arbitraje en el resto de reclamaciones, entre ellos, el relacionado con las compuertas instaladas en las nuevas esclusas del Canal por las que el GUPC pide $593.9 millones a Panamá va más lento, por lo que su resolución puede demorarse hasta el horizonte de 2022 o 2023.