La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó a Capital Bank por violar las normas de prevención de blanqueo de capitales.
El regulador impuso dos multas que totalizan $425 mil, de acuerdo con información que aparece en el portal de la entidad. En la notificación de la SBP no se mencionan detalles del proceso, más allá de que las sanciones respondes a hallazgos encontrados en inspecciones especiales realizadas entre 2014 y 2015.
Una de las multas, la de $250 mil, se vincula a infracciones a la reglamentación del régimen bancario, entre las que se puede incluir deficiencias en los informes semestrales de control interno o la inadecuada clasificación de los clientes.
Estos detalles se conocen a través de una carta redactada por los asesores legales externos de Capital Bank. En el documento se aclara que ninguno de los hallazgos de la SBP ha causado daños a los clientes, accionistas o al sistema financiero.
La segunda multa, que totaliza $175 mil, fue impuesta por violación a la ley de antilavado y financiamiento del terrorismo. Los representantes de Capital Bank explican que esta denominación se utiliza de manera génerica, pero no implica que se hayan encontrado cuentas de personas vinculadas o condenadas por lavado de dinero.
Hay que tomar en cuenta que existen al menos 21 delitos vinculados al blanqueo de dinero. En el caso específico de Capital Bank, la SBP habría impuesto sanciones por no haberse hecho la debida diligencia para clientes identificados como personas políticamente expuestas (PEP), identificación de beneficiarios finales y operaciones sospechosas.
Moisés Cohen, presidente de la junta directiva de Capital Bank, explicó que las multas están vinculada a temas administrativos que ya fueron 100% subsanados, en lo que respecta a mejoras en expedientes y sistemas, “lo cual es común en la banca, ya que siempre hay oportunidades de mejora”.
Aclaró que “ningún hallazgo es considerado grave”, y no ha afectado al banco de ninguna manera.
La sanción aplicada por la SBP no es definitiva. El banco tiene hasta 60 días después de la aplicación de las sanciones para presentar un reclamo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.