Grupo BTG Pactual y otros inversores en una compañía proveedora de torres de perforación se reunirán este mes para decidir si Sete Brasil se acogerá a la protección por quiebra luego del derrumbe de los precios del petróleo y de que se le mencionara en un creciente escándalo de corrupción, dijeron cuatro personas con conocimiento directo del tema.
Los accionistas podrían votar por buscar protección legal para la empresa ante los acreedores en una reunión del 21 de enero, lo cual sería el primer paso hacia una liquidación de los activos de la compañía de Río de Janeiro, según las personas, que pidieron que no se revelara su identidad en relación con un asunto privado.
Sete Brasil, que alguna vez ambicionó crear la mayor flota de perforación en aguas profundas del mundo, se suma a más de una decena de compañías afectadas por una investigación sobre corrupción que lleva 22 meses y que ha contribuido a sumir Brasil en una recesión, además de hacer que las autoridades del país deban luchar por su supervivencia política.
Una posible quiebra podría significar el comienzo de una nueva ola de problemas económicos para las empresas brasileñas, dado que los accionistas clave de Sete, entre ellos Petróleo Brasileiro, S.A., así como los fondos de pensión y los bancos más grandes de Brasil, se verían obligados a una depreciación de préstamos o participaciones en la compañía proveedora de torres. Muchos ya han computado parte de esas pérdidas.
La compañía quedó sumida en problemas económicos al no poder asegurarse financiamiento a largo plazo del banco de desarrollo estatal Bndes en un contexto de acusaciones de sobornos y luego de que su único cliente, la petrolera estatal Petrobras, empezara a reducir las inversiones. Sete Brasil dijo en una declaración por correo electrónico que “sigue trabajando para formular un plan de reestructuración viable”.
Los accionistas, que invirtieron un total de 2 mil 100 millones de dólares en capital, y acreedores a quienes se les deben 3 mil 600 millones de dólares de un préstamo a corto plazo que vence en febrero podrían verse obligados a asumir las pérdidas si Sete se acogiera a la protección por quiebra, según las personas.
