Sindicalista: privatización de ENITEL ha sido ‘ilegal’

Sindicalista: privatización de ENITEL ha sido ‘ilegal’
LA PRENSA/ Archivo

MANAGUA, Nicaragua (ACAN-EFE). —El dirigente de la Federación Sindical "Enrique Smith", José Vargas, afirmó ayer que el proceso de privatización del total de acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) "ha sido ilegal desde el principio".

El comité de privatización de ENITEL anunció el miércoles que la firma mexicana América Móvil S.A., filial de TELMEX, ofreció 49.6 millones de dólares, 100 mil dólares más que el precio base fijado en forma oficial, por el último 49% de acciones de ENITEL.

No obstante, América Móvil S.A. no fue declarada como ganadora de la privatización de esas acciones de ENITEL, porque MEGATEL, empresa de capital centroamericano, tiene 30 días para presentar una nueva oferta, que de ser mayor se adjudicaría la licitación.

MEGATEL logró este privilegio mediante su contrato de compra del 40% de las acciones de ENITEL en noviembre de 2001 por la suma de 83.1 millones de dólares.

Otro 10% de acciones se vendió a sus trabajadores, y el resto, 1%, se les dio en forma gratuita, por ley.

Vargas expresó hoy a una radio de Managua que "hemos dicho que desde comienzo ha sido una venta ilegal debido a los vacíos jurídicos creados por el comité de privatización".

Dirigentes sindicales denunciaron en noviembre de 2001 que la venta del primer 40% de ENITEL lo hizo "clandestinamente" el entonces ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, con el consorcio hondureño-sueco Telia Swedel AB/EMCE, luego MEGATEL.

Duque Estrada está prófugo desde marzo pasado y es procesado por lavado de dinero, varios delitos penales en perjuicio del Estado, y delito electoral.

Los sindicalistas y el alcalde de Managua, el sandinista Herty Lewites, exigieron a las autoridades decretar la nulidad de la venta de ese 40% de acciones, porque el aporte inicial de Telia Swedel AB/ENCE lo adquirió de "un préstamo" del Estado.

Según Lewites, el ex viceministro de Hacienda y ex recaudador, Byron Jerez, condenado a ocho años de presidio por fraude al Estado, le confesó y presentó documentos de este "préstamo", por ocho millones de dólares, salió del Ministerio de Hacienda.

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