Codelco debe tener una supervisión más estricta de una autoridad reguladora con poderes para sancionar al gigante estatal de cobre, según el parlamentario que conduce una investigación sobre los contratos de la compañía con proveedores.
Una investigación especial por parte del Congreso sobre las prácticas de adquisición y finiquitos de Codelco debería derivar en una recomendación de una reforma de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), para convertirla en un regulador de Codelco, dijo el parlamentario Marcos Espinosa en una entrevista en Valparaíso. Espinosa también preside la comisión minera del Congreso.
“Lo que hace Cochilco hoy es que si establece un hallazgo lo denuncia a los directores de Codelco, pero no puede establecer medidas punitivas”, dijo Espinosa. “Es necesario ver si los controles internos y mecanismos legales están funcionando adecuadamente”, agregó.
Un informe, publicado en mayo por la Contraloría General de la República sobre contratos firmados entre 2013 y 2015, encontró presuntas regularidades que involucran 1.2 millones de dólares. Eso provocó una disputa con la compañía, en el corazón de la cual está la cuestión de si Codelco es legalmente una empresa propiedad de y financiada por el Estado, o un servicio público que debe poner los intereses del Estado y sus ciudadanos antes de las utilidades. Codelco es el mayor productor de cobre del mundo.
“Si Codelco fuera declarado servicio público, eso automáticamente secuestraría la empresa a una dinámica que comprometería su funcionamiento, su eficiencia y los niveles de productividad serían desastrosos”, dijo Espinosa.