El Gobierno de Costa Rica ordenó suspender a cinco directivos de un banco estatal en medio de un pulso desatado por denuncias de tráfico de influencias en la concesión de créditos millonarios para la importación de cemento chino.
Los cinco directivos del Banco de Costa Rica (BCR) se negaron a renunciar a sus cargos la semana pasada por pedido del presidente Luis Guillermo Solís, tras un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras que apuntó graves problemas en el manejo de la institución, la segunda más grande del país.
El BCR ha sido blanco de cuestionamientos por la concesión de dos líneas de crédito por $30 millones a la empresa local Sinocem para importar cemento chino, sin más garantía que el cemento que sería adquirido.
En junio pasado se filtró un audio en el cual el empresario Juan Carlos Bolaños, propietario de Sinocem, proponía una maniobra legal con un alto funcionario del banco para evadir el pago de $20 millones del préstamo.
Además, el gobierno modificó un reglamento que restringía la importación de cemento al eliminar la exigencia de comercializarlo en un plazo máximo de 45 días desde su producción, lo que en la práctica impedía importar cemento chino.