Los tenedores de bonos de la unidad de construcción de Odebrecht no recibirán ni una parte del dinero que la atribulada compañía obtendrá tras concretar una venta en Perú, según una persona con conocimiento del tema.
De los $1,400 millones que costaba la hidroeléctrica Chaglla en 2017, Odebrecht probablemente recibirá cerca de $640 millones. La mitad de eso se destinará al pago de daños y perjuicios al Gobierno peruano, señaló la semana pasada el ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Casi todo lo demás se entregará a los acreedores del proyecto, detalló la fuente, que pidió no revelar su identidad.
Mientras lo recaudado por la venta de Chaglla no se destinará directamente a los tenedores de bonos que ya están en conversaciones informales con la compañía para una reestructuración de deuda, el acuerdo con el gobierno reducirá los futuros pagos de deuda de Odebrecht, lo que le ayudará a conservar efectivo, explicó la persona.
También permite que la empresa venda otros proyectos en el país y presente ofertas para nuevas iniciativas, contribuyendo a la generación de ingresos, afirmó la fuente.
Un representante de Odebrecht declinó hacer comentarios.
La compañía acordó en agosto de 2017 vender el proyecto de 456 megavatios a un grupo liderado por China Three Gorges, toda vez que intentaba pagar su deuda luego de verse envuelta en un escándalo de soborno.
La operación estuvo postergada después de que el país promulgara nuevas normas sobre ventas de activos por parte de compañías involucradas en casos de corrupción.
Zeballos informó que la fiscalía está cerca de cerrar un acuerdo con Odebrecht, en virtud del cual se conocerá cuánto le pagará la compañía al gobierno por daños y perjuicios.
Si bien el valor contable de Chaglla es de $1,200 millones, pasivos relacionados con impuestos, deuda y mano de obra reducen el precio de la transacción a casi la mitad, precisó.
Para que la operación de venta de la hidroeléctrica Chaglla llegue a buen término, este movimiento debe contar con el visto bueno definitivo de los ministerios de Economía, de Energía y Minas y de la empresa estatal Electro- Perú, según la agencia Reuters.
La empresa deberá depositar el dinero de la venta en un fideicomiso supervisado por el Banco de la Nación para pagar exclusivamente a sus proveedores y sus deudas.