Los Objetivos de Desarrollo Sostenible llaman a erradicar el hambre y enfrentar todas las formas de malnutrición antes del año 2030. En América Latina (AL) y el Caribe esto incluye a 120 millones de personas que viven con obesidad, 6 millones de niños que tienen baja talla y 4 millones de niños con sobrepeso.
Existe una causa que subyace a todos estos fenómenos: la mala alimentación; por comer poco, mucho, o mal.
En las últimas décadas, la región ha visto enormes cambios en sus patrones alimentarios, fruto de transformaciones sociales, económicas y demográficas. Hoy, el 80% de la población regional vive en áreas urbanas, sus hábitos suelen ser sedentarios, y las dietas tradicionales han sido reemplazadas por un consumo cada vez mayor de productos ultraprocesados, con alto contenido de sal, azúcar y grasas. Las familias tienen menos tiempo para comprar alimentos de temporada y cocinar con productos más sanos. El escenario es peor para los más pobres, cuyos ingresos muchas veces solo alcanzan para comprar alimentos poco nutritivos, que suelen ser más baratos.
La dimensión del desafío actual y los enormes gastos asociados al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles han hecho que la lucha contra la malnutrición se reconozca por fin como un asunto público. Lo que comemos no es solo una responsabilidad individual: el Estado tiene la responsabilidad de liderar la transformación del sistema alimentario para hacerlo más saludable y sostenible.
Esta gran transformación necesita de políticas públicas y la participación de todos los sectores del gobierno, trabajando con productores, consumidores y la industria alimentaria.
Promover un sistema alimentario más sostenible requiere medidas enfocadas en la producción, el consumo y el comercio de alimentos, implementadas de forma integrada. Mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados es fundamental. Transformar nuestros sistemas alimentarios y hacerlos más sostenibles y equitativos es la mejor forma de enfrentar el hambre como la malnutrición.
El autor es oficial de Seguridad Alimentaria de FAO para América Latina y el Caribe