América Latina invierte en infraestructuras menos del 3% del producto interno bruto (PIB) mientras que los países de Asia invierten alrededor del 6%. Esto se traduce en una brecha en inversión de $180,000 millones al año. Así lo manifestó Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Para reducir este déficit, los países tienen que invertir mejor, hacer una lista de proyectos prioritarios, prepararlos para que sean atractivos para la inversión, y en un momento de menor capacidad fiscal por parte de los gobiernos, atraer recursos del sector privado para complementar los fondos públicos, dijo Familiar.
Para captar recursos privados se necesita generar confianza en las instituciones y esto se logra elevando los niveles de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción.
Estos son los objetivos centrales de un acuerdo auspiciado por el Grupo Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Panamá, denominado “acuerdo de Panamá”, que fue presentado ayer en el marco de la conferencia Cuentas Claras Panamá 2018.
El acuerdo se basa en tres principios: Mejorar la calidad y la transparencia de la información fiscal y financiera; fortalecer la rendición de cuentas; y fomentar la colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil.
La producción de informes financieros de alta calidad por parte de los gobiernos, el uso de plataformas tecnológicas para las adquisiciones del Estado y la adopción de normas internacionales de gobierno abierto, son algunas de las acciones que se ejecutarán en virtud del acuerdo, que también contempla medidas sobre la prevención y el combate a la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, se refirió a las reformas implementadas por Panamá para adaptar su marco legal a los estándares internacionales en prevención de blanqueo de capitales e intercambio de información fiscal. Reconoció que habían tenido algún impacto económico, particularmente en el sector de servicios legales, pero defendió que los cambios eran necesarios para ser un centro de negocios global en la actualidad.
En lo que se refiere a los niveles de inversión sobre el PIB, Panamá supera la media regional. En 2017, la inversión pública fue de $3,870 millones, cifra que equivale a un 6.2% del PIB.
No obstante, en la presente administración el gasto corriente o en operaciones ha ido restando espacio a la inversión en los presupuestos.
El gasto corriente representa en la actualidad un 71.2% del total, mientras que a inversión se destina un 28.8%. Hace cuatro años, la relación era de 63.4% para operaciones y 36.6% a inversión.
De La Guardia dijo durante su intervención que se está trabajando en un proyecto de ley que crea un marco legal para las asociaciones público privadas y defendió que la participación del sector privado en áreas como puertos, telecomunicaciones o energía dio buenos resultados.
Una mayor implicación del sector privado en los proyectos de desarrollo de los países otorga un nuevo rol a las empresas.
Sobre este aspecto, Raúl Alemán, presidente de la junta directiva de Banco General, señaló que el modelo actual de empresa ha cambiado. “La empresa no está aislada de los temas de la sostenibilidad ni el crecimiento de la sociedad”.
Para el empresario, la visión de alta gerencia de las compañías debe moverse de los resultados del año en curso, hacia cómo será la compañía en el mediano y largo plazo.