La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) tiene carta abierta para negociar con la aseguradora Nacional de Seguros de Panamá para terminar la construcción de la carretera Cuango-Santa Isabel, en la costa arriba de la provincia de Colón.
La institución había ordenado la cancelación del contrato que mantenía con la compañía RPL de capital venezolano, ante la demora en la ejecución del proyecto, que debió estar listo a finales de 2014.
El tribunal administrativo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) archivó el caso relacionado con la impugnación que había presentado la empresa RPL, luego de que sus representantes desistieron del reclamo contra la orden de cancelación y la inhabilitación de un año que había solicitado la ATP.
En su momento, la entidad argumentó que la compañía no tenía el personal idóneo para construir la carretera, además de que no siguió las recomendaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas.
Gustavo Him, administrador de la ATP, ha señalado que ya han sostenido conversaciones con la aseguradora del proyecto, pero que debían esperar el fallo del tribunal administrativo de la DGCP.
Además del archivo del caso, el tribunal devolvió el expediente, que consta de 52 tomos y 10 rollos, a la ATP.
Luego de hacer un recorrido a solicitud de la ATP, funcionarios de la Contraloría General de la República, determinaron que la obra tiene un avance de 67% en los 14 primeros kilómetros intervenidos, faltando otros 4 kilómetros que no presentan ningún adelanto.
Además de unir por tierra las comunidades de Cuango y Santa Isabel, la carretera permitiría un mejor acceso a Punta Cocoye, área que limita con la comarca Guna Yala y que posee más de 10 kilómetros de playas de arena blanca.
Se conoció que un grupo privado que mantiene inversiones en la zona se ha ofrecido a terminar de construir el último tramo del proyecto, pero por el momento la ATP no ha respondido a esta solicitud.
Hace siete años la cadena hotelera colombiana Decameron estuvo interesada en construir un hotel de 320 habitaciones en Punta Cocoye, pero la inversión no se concretó por la falta de un acceso terrestre.
La carretera, que tiene una extensión de 18.8 kilómetros, generó expectativas entre los empresarios y comunidades por el impacto que tendría para el desarrollo turístico y económico de ese sector del país.
Falta de pagos
Víctor Raúl Catuí forma parte de un grupo de trabajadores que reclaman pagos atrasados por algunos de los contratistas que prestaron sus servicios en la obra.
Indica que como operador de maquinaria pesada le adeudan 29 mil 500 dólares.
“Los contratistas nos dicen que no nos pueden pagar hasta que la empresa le cancele las facturas por los servicios prestados”, comentó Catuí, que trabajó en el proyecto desde agosto pasado.
Dentro de la documentación que había remitido la ATP al tribunal administrativo estaba la denuncia por el uso no autorizado de arena de las playas cercanas a la obra.
Además de los últimos 4 kilómetros que faltan por construir, la empresa que asuma el contrato tendrá que reparar algunas obras construidas por RPL, ya que las lluvias afectaron algunos taludes y la falta de cunetas está comenzando a deteriorar la base de piedra que colocó la compañía para construir la carretera.