La Corte Suprema de Costa Rica avaló al proyecto de reforma fiscal del gobierno al no encontrar vicios de procedimiento o inconstitucionalidad.
El plan fue aprobado por la Asamblea Legislativa en un primer debate el 5 de octubre, pero algunos diputados de la oposición consultaron posibles roces con la Constitución.
Costa Rica estuvo en vilo por la consulta de constitucionalidad, ya que de su resolución depende que se pueda aprobar en un segundo debate, para el que aún no hay fecha, el plan fiscal con el que se pretende atacar el déficit de las finanzas públicas, estimado para este año en el 7.1% del producto interno bruto.
Uno de los aspectos más importantes resuelto por los magistrados de la Sala Constitucional de la corte tiene que ver con cómo afectaría el proyecto a la independencia del poder judicial, un asunto determinante, ya que podía variar la cantidad de votos requeridos para aprobar la reforma.
En el primer debate, el plan fiscal recibió 35 votos, más de los 29 requeridos (mayoría simple) de los 57 diputados del país.
Si la Sala Constitucional consideraba que el proyecto afectaba al poder judicial, el proyecto había tenido que lograr 38 votos, o mayoría cualificada, algo que habría sido complicado para el gobierno del presidente Carlos Alvarado, que pasó dificultades en la primera votación.
Los magistrados también resolvieron dudas de los diputados respecto la constitucionalidad en la limitación de presupuestos en algunas instituciones públicas y otras disposiciones relacionadas con el empleo público, señaló el juez Fernando Castillo en una conferencia de prensa el viernes.