En medio de un encendido debate en España, el Tribunal Supremo acordó ayer que son los clientes y no los bancos los que deben pagar el impuesto de las hipotecas, una decisión que supone una victoria para las entidades financieras tras el terremoto que causó recientemente un cambio en la jurisprudencia.
La decisión pone fin así a tres semanas de polémica e incertidumbre, que comenzaron cuando el alto tribunal sorprendió a mediados de octubre al establecer que debía ser el banco el que abonara dicho impuesto, modificando así el criterio de las últimas décadas.
Las entidades financieras protestaron ante la medida y advirtieron que el enorme coste de esta podría repercutir en las condiciones de hipotecas para los nuevos clientes.
Al día siguiente, en un gesto poco habitual, los magistrados del Supremo decidieron que revisarían la sentencia en otro pleno futuro por la “enorme repercusión económica y social” que podría provocar.
Ese pleno se extendió desde el lunes hasta ayer a consecuencia de las largas deliberaciones en una sala totalmente dividida, formada por 28 magistrados. Finalmente, 15 votaron a favor de los bancos y 13, de los clientes.
Durante las deliberaciones hubo protestas ciudadanas a las puertas del Supremo. Asociaciones de consumidores criticaron duramente la decisión del tribunal español, que calificaron de “bochornosa”, y aseguran que están dispuestos a llevar el caso a la justicia europea.
Desde el gobierno del socialista Pedro Sánchez emplazaron a “respetar las decisiones judiciales”, según dijo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
El líder del partido izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, llamó a los ciudadanos a concentrarse el sábado contra la decisión del tribunal.
“Nos vemos con la ciudadanía para defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad”, expresó en Twitter.