La Unión Europea (UE) podría llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio o aplicar sanciones como represalia para proteger a sus compañías en Cuba, luego de que el presidente Donald Trump permita que sus ciudadanos o cubano-estadounidenses presenten demandas contra inversionistas en la isla.
La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es contraria al derecho internacional, por lo que tomará todas las medidas apropiadas, dijo la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado.
Mogherini dijo que esos pasos podrían incluir llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio o usar un “estatuto de bloqueo” que permita a las empresas de la UE demandadas en Estados Unidos recuperar los perjuicios en tribunales de Europa.
Norma Goicochea, embajadora de Cuba en la UE
La alta representante de la UE dijo que el bloque europeo buscará el apoyo de otros países, aunque no los mencionó. Tanto empresas europeas como canadienses han invertido en los sectores de turismo y energía de Cuba.
El gobierno de Trump levantó el mes pasado una prohibición de hace 23 años conocida como el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite por primera vez presentar demandas en cortes estadounidenses contra las compañías extranjeras que hacen negocios con Cuba, utilizando propiedades incautadas tras la revolución de Fidel Castro en 1959.
Según el Departamento de Estado, el cambio de política podría atraer cientos de miles de reclamaciones legales por decenas de miles de millones de dólares e intenta intensificar la presión sobre La Habana, en un momento en que Washington exige el fin del apoyo cubano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La empresa estadounidense de cruceros Carnival fue la primera compañía demandada en un tribunal federal de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba, después de que fueron confiscados tras la revolución de Castro.
La embajadora de Cuba ante la UE, Norma Goicochea, dijo esperar que el bloque tome medidas para proteger a sus inversionistas en la isla que se vean afectados por la ley estadounidense Helms-Burton.
