Los ministros de economía y finanzas de los 28 países que integran la Unión Europea (UE) presentarán mañana la primera “lista negra” de paraísos fiscales del bloque europeo, en la cual se excluye a sus miembros.
Será el último paso de un complejo proceso de equilibrios negociadores que comenzó hace más de dos años con una propuesta de criba inicial que incluía 92 jurisdicciones consideradas no cooperantes en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, entre la que había territorios candidatos como Panamá o el Estado de Delaware (Estados Unidos).
El principal escollo en las discusiones de la UE fue la inclusión o no del criterio que señalaba a aquellas jurisdicciones que aplican el 0% en el impuesto de sociedades. Finalmente, se optó porque esta condición fuera una señal y no un término absoluto.
En noviembre de 2016 los 28 países de la UE llegaron a un acuerdo para establecer las bases que permitirían la identificación de un paraíso fiscal que obviaba la ausencia de un sistema de impuesto de sociedades o la aplicación de un impuesto de sociedades nominal igual a cero. Ese primer elenco de 92 jurisdicciones internacionales se redujo considerablemente con base en tres criterios comunes de la UE para dirimir los países que cooperan y los que no: el nivel de transparencia fiscal, el grado de justicia de su política impositiva y la aplicación de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para evitar la erosión de la base impositiva o prácticas de transferencia de beneficios.
Una vez formuladas las reglas comunes, el trabajo de selección de las jurisdicciones susceptibles de ser integradas en la lista negra europea y su ulterior evaluación corrió a manos del llamado grupo del Código de Conducta, un equipo de 28 técnicos que levantó suspicacias dentro de las propias instituciones de la UE por su secretismo y falta de trasparencia. De momento, es un misterio el número de jurisdicciones que recibirán la amonestación de Europa por no colaborar en materia fiscal, pero según explicó el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, “algunos países” ya han modificado sus legislaciones para cumplir los estándares europeos y “más de la mitad” se han comprometido a hacerlo en 2018.
Por ello, los expertos de la UE están manejando dos listas. La primera es la llamada lista negra que prevé la aplicación de sanciones a las jurisdicciones que la integren. La segunda incluye a los países que no cumplen, pero que se comprometieron a adaptar su legislación a la normativa europea. Esta última podría no hacerse pública.
PANAMÁ, BAJO LA LUPA
En marzo de este año la UE entabló un diálogo con Panamá para evitar precisamente su inclusión en la lista de paraísos fiscales. La entidad gubernamental panameña que lideró las conversaciones técnicas con el Consejo de la Unión Europea fue la Dirección General de Ingresos. Paralelamente, a los canales abiertos entre los expertos de fiscalidad, Panamá activó la maquinaria política. El 23 de marzo la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Maló, visitó la sede de la UE para afianzar las relaciones entre el organismo y Panamá y para comunicar los avances del país en transparencia y en la lucha contra la evasión fiscal. “El compromiso adquirido por Panamá con los estándares de trasparencia fijados por la Comunidad Internacional va en serio, y no es solo algo declarativo”, subrayó ante representantes de la UE la número dos del Gobierno panameño.
Para cumplir con los estándares internacionales de trasparencia, Panamá suscribió varios acuerdos que comprometen la transparencia de su sistema como la Convención Multilateral de Asistencia Mutua (MAC, por sus siglas en inglés), la adhesión al Marco Inclusivo del Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés). Además, introdujo cambios relevantes en su legislación interna para adecuarse a los nuevos compromisos: la Ley 51 que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información fiscal con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país y la ley 52 que obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño. Aún así, en este momento, Panamá está en la lista negra de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y Eslovenia.
LISTA POLÉMICA
Bruselas es consciente de que se está jugando su credibilidad tras los recientes escándalos que han destapado la existencia de prácticas globales de ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos que colocaron en el centro del huracán a jurisdicciones que están dentro del territorio de la UE. Y aquí está la gran polémica. La UE anunció que ningún estado de la UE estará en la lista negra, lo que debilita considerablemente su autoridad, porque elude las irregularidades fiscales internas.
La delegación francesa de la oenegé Intermón Oxfam instó a la UE a incluir en la lista países como Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos que incumplen las reglas fiscales, según los criterios comunitarios. “El hecho de que la lista no excluya a los Estados miembros mina la credibilidad de la UE. Está bien que la UE señale y avergüence a los paraísos fiscales, pero también necesita poner su casa en orden”, reclamó por su parte el eurodiputado Sven Giegold, miembro de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del derecho de la UE en relación con el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Por su parte, el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, admitió que “el hecho de que no haya ningún país de la UE no significa que todos los Estados miembros estén trabajando con transparencia”.
