La Unión Europea (UE) prolongó formalmente hasta el 31 de julio las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2014 tras el derribo de un avión comercial en el este de Ucrania, una extensión acordada por los mandatarios europeos el jueves.
Los 28 adoptaron la nueva prolongación por seis meses de estas medidas contra sectores energéticos, de defensa y bancos, que expiraban a finales de enero, “tras evaluar la puesta en marcha de los acuerdos de Minsk”, indicó en un comunicado el Consejo de la UE.
La UE decidió imponer estas sanciones por primera vez el 31 de julio de 2014 por un período de un año y que, posteriormente, fue ampliando. En respuesta, Moscú adoptó medidas de retorsión contra los agricultores europeos.
A mediados de marzo de 2015, los 28 decidieron además vincular su duración a la aplicación de los acuerdos de Minsk, que buscan poner fin al conflicto entre fuerzas leales a Kiev y separatistas prorrusos en el este del país.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande se mostraron partidarios la semana pasada de ampliar estas sanciones, al no haber ni “esfuerzos” ni “avances” en la resolución del conflicto en Ucrania.
Las sanciones económicas son uno de los aspectos de las medidas punitivas decididas por la UE para sancionar su papel en el conflicto en Ucrania, país al que arrebató en marzo de 2014 la península de Crimea, una anexión que la UE no reconoce y que genera inquietud en vecinos de Rusia, como los países bálticos.
Por su papel en este conflicto, los europeos han impuesto además una prohibición de visados y una inmovilización de bienes contra 152 personas y 37 entidades, así como otras medidas restrictivas en respuesta a la anexión de Crimea.
Respecto a las sanciones prorrogadas este lunes, estas limitan el acceso a los mercados de capitales europeos a cinco entidades financieras rusas con participación estatal, así como a tres empresas rusas del sector de la energía y tres de defensa.
Los 28 imponen, además, una prohibición de exportar e importar armas, así como productos de doble uso, y restringen el acceso a Rusia de tecnologías susceptibles de ser usadas para la producción y exploración petrolíferas.