La plataforma de transporte compartido Uber anunció ayer la suspensión temporal de su actividad en España después de nueve meses de funcionamiento, un período caracterizado por la polémica con numerosas movilizaciones, huelgas de taxistas y multas a los conductores y a la empresa.
De esta manera, Uber cumple con una orden del juzgado de lo mercantil que responde a una denuncia de la Asociación Madrileña del Taxi por competencia desleal y que le ordena el cese de sus actividades en todo el territorio nacional.
En cualquier caso, la plataforma deja abierta la puerta a nuevas opciones “para dar a los españoles acceso a viajes seguros y cómodos”, y aboga por desarrollar “un nuevo y necesario marco regulatorio”.
La aplicación Uber llegó a España el pasado abril, en concreto a Barcelona, después en septiembre a Madrid y en octubre a Valencia, tras operar en varios países, en pleno auge de las aplicaciones (app) de ahorro para el ciudadano.
El pasado 9 de diciembre, un juez de Madrid ordenó el cese de actividad y su prohibición, una decisión que fue calificada por Uber de “desproporcionada y discriminatoria” y que, según la empresa, trataba de “frenar la innovación y la propuesta de nuevos servicios tecnológicos en España”.