El consorcio español Unión Fenosa aplicó hace pocos días en Nicaragua un alza de 8.5% en la tarifa de electricidad, el segundo aumento autorizado por el gobierno del mandatario Daniel Ortega en menos de tres meses, informaron fuentes oficiales.
David Castillo, director del estatal Instituto de Energía (INE), adujo que el incremento obedece al repunte en el precio internacional del crudo y a la necesidad de "cubrir el costo" de las plantas eléctricas venezolanas que operan en el país centroamericano para paliar el déficit energético.
El funcionario admitió que el precio de la electricidad en Nicaragua ha aumentado 18% en menos de 100 días, ya que en noviembre pasado el INE autorizó a Unión Fenosa, que distribuye la energía eléctrica, un incremento del 9.5%.
Dijo que además existe una deuda de 33.8 millones de dólares que el Estado debe a Fenosa a causa de las últimas alzas en el precio del crudo, de los cuales 13 millones serán recuperados vía tarifa y 20 millones más aportados por el Gobierno.
Castillo aseguró que el alza no afectará a quienes consumen menos de 150 kilovatios/hora por mes, que según el Gobierno suman unas 500 mil personas de escasos recursos.
Sin embargo, la medida fue criticada por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, institución no gubernamental, que advirtió que el aumento ocasionará alzas en cadena de los alimentos básicos y otros rubros esenciales para la población.
"El incremento en el precio de la energía tiene un efecto dominó, y los sectores lo que hacen es trasladar esos precios a los productos, a los clientes. Es un impacto indirecto", opinó el coordinador de la Red, Gonzalo Salgado.
"Hasta el momento no existen condiciones para que los pobladores puedan resistir semejante golpe al bolsillo, y muchas pulperías van a ser las primeras en desaparecer", agregó.
El presidente Ortega emitió esta semana un decreto de "ordenamiento del uso de la energía", que supone un nuevo cambio en la jornada laboral de las instituciones públicas, que se extenderá de las 7:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.
La medida, que incluye restricciones en el uso de computadoras, aires acondicionados y vehículos, busca reducir 20 % el consumo de electricidad y combustible en más de 32 ministerios y una docena de entes autónomos del Estado.
