Venezuela pagará a la compañía minera en quiebra Crystallex International Corp. algo menos de $500 millones a lo largo de los próximos tres años, según un acuerdo alcanzado el mes pasado por la expropiación de un yacimiento de oro.
Crystallex, que se declaró en bancarrota en 2011 después de la incautación del depósito Las Cristinas, recibirá $441 millones mediante una serie de pagos hasta finales de 2020, según documentos publicados en el sitio web de Ernst and Young, la firma de supervisión en Canadá designada por tribunal.
Las condiciones del acuerdo con Venezuela -que se cree que excede los $1,000 millones- aún son confidenciales. La compañía, con sede en Toronto, ha acordado publicar un calendario de pagos, para los próximos tres años solamente, a fin de calmar a los acreedores que retienen su apoyo para el acuerdo.
Habrá pagos adicionales después de 2020, según el documento. El mes pasado, al pedirle a un juez del Tribunal Supremo de Ontario que aprobara el acuerdo, Crystallex dijo que “podría ser el mayor acuerdo que Venezuela haya acordado” relacionado con una sentencia arbitral. Esta declaración indica que el pacto podría superar los $1,000 millones, según acuerdos anteriores de Venezuela.
El objetivo de este pacto era poner fin a los intentos de Crystallex de hacerse con activos venezolanos y recibir el pago por resolución arbitral de $1,200 millones. Venezuela ha llegado a un acuerdo con Crystallex apenas tres semanas después de anunciar su intención de reestructurar la deuda mundial del país.
El país con problemas de liquidez pagará a Crystallex $50 millones hasta finales del mes próximo, pagos mensuales iguales por un total de $262.5 millones entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre de 2020, y cinco pagos semestrales que comenzarán el 31 de julio, por un total de $128.5 millones.
Los acreedores de Venezuela han seguido de cerca el caso Crystallex mientras la nación se tambaleaba ante el impago de sus obligaciones internacionales.
La posición de la compañía para persuadir a los tribunales a que vean la petrolera estatal, PDVSA, y sus unidades como alter egos del Estado ha proporcionado algunas pautas sobre cómo podría desarrollarse la reestructuración de la deuda de más de $100 mil millones del país.