La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) calcula que la industria de la construcción registre una participación del 20% ($11,600 millones) en el producto interno bruto (PIB) del país para este año, lo que se traduce en una menor contribución a la economía.
En 2018, la participación llegó a un 24.6%, según un reporte del gremio. Pero, a pesar de que hay una menor proyección en 2019, el clima es más favorable. “Hay una percepción de mayor estabilidad en comparación con años anteriores”, asegura Jorge Lara, vicepresidente de la Capac.
El plan de reactivación de la industria anunciado por el presidente Laurentino Cortizo, que incluye la modificación a la Ley de Contrataciones Públicas, la extensión del interés preferencial para viviendas hasta 180 mil dólares, la propuesta de la ley del leasing inmobiliario, así como las inversiones públicas y privadas, podrían dar un nuevo respiro a la industria en los próximos años.
La construcción es un sector clave para el país, el cual presenta comportamientos cíclicos en atención al estado de la economía; la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros; la capacidad adquisitiva de los compradores; los incentivos a la industria; los comportamientos migratorios, las tasas de intereses bancarias, así como la estabilidad social y política del país.
Hasta ahora, los mayores efectos negativos sobre este sector son la excesiva burocracia y tramitología que afecta y retrasa el inicio, conclusión y entrega de las obras, apuntan representantes del gremio.
Para Manuel González Ruiz, expresidente de la Capac, los trámites para la aprobación de planos y permisos de construcción de proyectos residenciales y urbanísticos siguen obstruyendo el mejor desempeño y evolución del sector.
“La industria debe cumplir con diversos trámites legales en una larga lista de instituciones para la aprobación de planos, y otros tantos para el permiso de ocupación, lo cual extiende hasta por más de 24 meses la construcción de una urbanización y edificios”.
Toda esta tramitología genera costos directos e indirectos, lo que incide en el precio de las viviendas.
“El costo directo se refiere al valor de los permisos y planos, mientras que los costos indirectos están ligados al tiempo que tiene la administración de una empresa para pagar a todos sus empleados que están ocupados en darle seguimiento a la aprobación de estos planos y la obtención de estos permisos. Obviamente, esto forma parte de lo que se contabiliza al final para establecer el precio de venta de un producto”, dijo el expresidente de la Capac.
La construcción emplea a más de 189 mil personas. Su reactivación podría generar más vacantes.