Las reexportaciones hacia Colombia desde la Zona Libre de Colón (ZLC) cayeron 45% entre 2013 y 2016, lapso en el que estuvo en vigencia un sobrearancel mixto a la importación de textiles y calzados impuesto por el país sudamericano.
Tras una denuncia de Panamá ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por esta medida, cuya resolución tomó más de tres años, Colombia ajustó en noviembre de 2016 el arancel a los límites máximos arancelarios permitidos por el organismo.
Un año después, el pasado 2 de noviembre, el país vecino expidió el decreto 1786, que extendió su vigencia por dos años. La medida establece un arancel del 35% para calzado y de 40% para textiles a las importaciones que ingresen por un valor igual o menor a un umbral predeterminado.
Una fuente del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) advirtió de que esta medida no cambia el panorama que se vive desde noviembre de 2016, cuando Colombia, efectivamente, acató el fallo de la OMC. No obstante, ese mismo día, el país sudamericano expidió otro decreto que Panamá consideró como barreras no arancelarias al comercio.
Este decreto colombiano (el No. 1745) es objeto de una nueva consulta ante la OMC, que determinará si Colombia cumplió efectivamente con el fallo del organismo. Panamá pide que se le excluya de la aplicación de las medidas de control aduanero en él dispuestas.
Pero el panorama no parece bueno para Panamá: por un lado, la OMC emitirá una resolución no antes de agosto de 2018, y la flexibilización que solicita el istmo “no parece tener buen futuro”, dijo la fuente, que prefirió el anonimato porque las negociaciones están en curso.
También en agosto de 2018, la OMC definirá, basada en la resolución de la consulta mencionada, si Panamá podrá imponer sanciones comerciales a Colombia con $210 millones, por los daños causados por el sobrearancel mixto que impuso este país en 2013.