La eventual aprobación del proyecto de ley 420 “impedirá el acceso al crédito formal de grandes segmentos de la población, lo cual es causa directa de exclusión financiera, al imponer topes a las tasas de interés sobre los préstamos y tarjetas de crédito, lo que es contrario al interés público y al bienestar de la población”.
Así lo manifestó la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) en una carta remitida a la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos para discutir el proyecto, y que decidió elevarlo nuevamente a la comisión para que se le dé primer debate.
La iniciativa legal plantea límites a las tasas de interés que establecen bancos y empresas financieras cuando conceden un crédito.
“Los bancos podrán fijar el monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus operaciones, con un tope de 1.25% mensual, como tasa efectiva máxima de interés”, señala el proyecto de ley.
La propuesta prohíbe incorporar a las tasas de interés costos de cierre, operativos, notariales, legales y de registro público, ni gastos por comisiones, multas o recargos por mora, y establece penas de tres a cinco años de prisión para el que preste dinero a un interés mensual mayor del que establece la ley.
La iniciativa, presentada originalmente en agosto de 2020, defiende la adopción de medidas de fijación de topes a las tasas “con la finalidad de que el costo del dinero dado en préstamos o facilidades crediticias sean bajo parámetros de valores justos, de acuerdo con la realidad económica y financiera del país fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus”.
Lo que advierte el sector bancario es que medidas de este tipo tienen un efecto contrario al que se persigue.
El gremio recuerda en su misiva que los primeros años de existencia del centro bancario internacional se desarrollaron en un entorno de tasas controladas y que un aumento en los tipos de interés en el mundo a consecuencia de las crisis en la década de 1980 “causó estragos en los bancos que operaban en ambientes con topes de tasas, restringiendo drásticamente la oferta de crédito, lo que provocó que la economía nacional creciera a ritmo anémico durante aquellos años”.
Mientras, desde la liberación de tasas en 1998 se multiplicaron los depósitos, propiciando el acceso al crédito a estratos socieconómicos medios y bajos.
Mientras en el discurso que emana de la Asamblea se señala que los tipos de interés en Panamá son elevados, el gremio asegura que el usuario de crédito de Panamá paga “las tasas promedio de interés más bajas de América Latina, comparables solo con las tasas comerciales usuales en los Estados Unidos”.
La plaza panameña se caracteriza por un elevado nivel de competencia, lo que anima la oferta de crédito.
Uno de los factores que determina la tasa de interés es el riesgo del crédito, así como las garantías que lo respalden.
Así, lo que ha sucedido en otros países que han tomado medidas similares es que se ha reducido la oferta de crédito de los bancos en determinados segmentos de la población y en ciertos productos.
“Las tasas de interés con topes perjudican a los más pobres, a los más jóvenes y a los más ancianos, a las pequeñas empresas, a los microempresarios y emprendedores, porque son los que más dificultad o imposibilidad tendrán para adquirir su vivienda, o su auto, educar a sus hijos, o recursos para su negocio, profesión o emprendimiento”, señala la nota.
Se reduciría la oferta de crédito, pero no desaparecerían las necesidades de las personas, lo que, según la Asociación Bancaria, obligaría a los ciudadanos más vulnerables a buscar el crédito en “prestamistas que operan en la sombra, sin ley ni regulación, tales como los agiotistas, los usureros, y las bandas criminales dedicadas a blanquear capitales que cobran hasta 10% semanal, o diario”.
En consecuencia, el gremio plantea su oposición a la aprobación del proyecto de ley 420 “porque sería causante directa de empobrecimiento general, afectando de modo nefasto la ansiada reactivación económica...”.
Y es que el comportamiento del crédito históricamente ha tenido una correlación directa con la actividad económica, toda vez que con el crédito se financian compras y proyectos que inyectan recursos a la economía.
El hecho de que se haya revivido el debate del proyecto en la Asamblea ha generado los cuestionamientos del sector bancario, pero también de personas que en el pasado tuvieron responsabilidades en la política económica del país, que han manifestado sus opiniones en las redes sociales en las últimas horas.
El exviceministro de Economía Domingo Latorraca escribió que “pretender controlar las tasas de interés a través de una regulación sería nefasto para el consumidor y el sistema financiero”.
Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que “para la recuperación económica es necesario el crédito bancario. Regular las tasas de interés lo único que logrará es que haya menos crédito y por consiguiente menor crecimiento económico y más desempleo”.
