El plan de reorganización de Latam Airlines Group SA favorece erróneamente a los principales accionistas en detrimento de los acreedores y no obtendrá la aprobación del tribunal, según dijo un comité oficial de acreedores no garantizados al juez que supervisa la quiebra de la aerolínea chilena.
“El plan es un trato muy generoso para los accionistas internos”, dijo Allan S. Brilliant, un abogado del comité, durante una audiencia judicial ayer.
La propuesta surgió de conversaciones de mediación supervisadas por un ex juez de quiebras y se basa en un acuerdo con grupos que controlan al menos el 51% de las acciones de la compañía, según los registros judiciales.
Según el plan de reorganización, Latam vendería $800 millones en acciones a los actuales accionistas y asumiría unos $2,750 millones de nueva deuda compuesta por bonos o préstamos y una línea de crédito.
En última instancia, el acuerdo permite a un grupo de acreedores, liderados por Sixth Street Partners, Sculptor Capital y SVPGlobal, tomar el control de la empresa.
Los partidarios argumentan que el acuerdo con los accionistas era necesario, en parte porque evitará una lucha por los posibles conflictos entre la ley de valores chilena y el código de quiebras estadounidense.
El plan “evita años de litigios transfronterizos”, dijo Richard Mason, que representa a los accionistas.
Después de que los acreedores tengan la oportunidad de votar la propuesta, el juez de quiebras estadounidense James L. Garrity decidirá si aprueba el plan y permite a Latam salir de la supervisión judicial. Al menos dos grupos de tenedores de bonos han dicho que aún no han decidido si respaldarán la reorganización.
