La población mostró mayoritariamente su rechazo al aumento de la planilla estatal y al incremento del gasto público y de la deuda.
Así se desprende de los resultados de una encuesta efectuada por la empresa GAD3 para La Prensa, a partir de entrevistas telefónicas realizadas entre el 5 y el 10 de mayo a 1,207 personas.
A los encuestados se les preguntó si aprueban o desaprueban la gestión del Gobierno de Panamá en cuanto a los distintos ámbitos de actuación. De todos los aspectos abordados, los que generaron mayor nivel de rechazo fueron los relacionados con el gasto público.
En concreto, un 60.3% de los encuestados se mostraron en contra del aumento de la planilla estatal. Un 27.4% lo aprobó y 12.3% no supo o no contestó.
El grupo de población entre 45 y 64 años fue el que mostró un menor nivel de aprobación en este aspecto (21.1%). Por su parte, tanto trabajadores del sector privado (22.5%) como empleados del sector público (22.6%) mostraron niveles bajos de aprobación.
Según las últimas cifras disponibles que publica la Contraloría General de la República, a febrero de 2021 la planilla estatal estaba integrada por 237,393 empleados, un 2.9% o 6,763 trabajadores más que en el mes de febrero de 2020.
Cuando se observa el último año completo, que fue 2020, el número de funcionarios mostró una ligera reducción respecto al cierre de 2019, pero un sustancial incremento en los salarios brutos acumulados. En concreto, se destinaron a salarios $4,441 millones, es decir, un 6.4% más o $267.9 millones más que en todo 2019.
Esta situación contrasta con la realidad del sector privado, que con despidos, cierres de negocios y reducción de jornadas laborales ha sufrido todo el impacto ocasionado por las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la propagación del nuevo coronavirus.
Gremios del sector privado han reclamado sin éxito una cuota de solidaridad por parte del sector público. Aunque se llegó a presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para rebajar el salario de funcionarios de cierto rango, la iniciativa no prosperó en el debate legislativo.
El aumento en salarios de la planilla estatal es uno de los principales componentes del gasto público, pero no el único. En el último año también aumentaron los subsidios y los costos asociados a una creciente deuda pública.
En todo 2020, el gasto total del sector público no financiero fue de $15,111.4 millones, es decir, $815.3 millones o 5.7% más que un año antes. De ese total, el gasto operativo del sector público consumió $11,347.8 millones, un 6.6% más, y a gasto de capital o inversión se destinaron $3,763.7 millones, un 3.2% más.
Apenas en el primer trimestre de este 2021, según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, la desviación entre ingresos y gastos fue de $992.1 millones.
El aumento del gasto de 2020 coincidió con una abrupta caída en los ingresos, ya que la actividad económica se vio obligada a cerrar o a operar con limitaciones durante meses por orden del Ejecutivo, afectando por tanto a los ingresos públicos.
El resultado de ambos factores y el desplome de la economía se tradujeron en un déficit fiscal equivalente al 10.1% del producto interno bruto en 2020.
Ese déficit se financia con préstamos o la emisión de bonos, lo que provoca un aumento en el saldo de la deuda pública. Al 30 de abril de 2021, el saldo de la deuda era de $38,394 millones, un incremento de $6,083 millones si se compara con el mismo momento del año anterior.
En la encuesta de GAD3 para La Prensa, un 71.5% desaprobó el incremento de la deuda y el gasto público, mientras que un 20.4% lo aprobó y un 8.1% no se posicionó.
Por grupos de población, la aprobación es menor entre personas de 30 a 44 años (solo lo aprueba un 17.9%), en la provincia de Panamá (17.7%) y entre jubilados y pensionistas (13.2%).
El deterioro de las finanzas públicas en el último año ha pasado factura al país en la forma de rebajas de la calificación de riesgo.
Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, las tres grandes agencias internacionales han rebajado el rating soberano a Panamá. En el caso de Fitch Ratings, la calificación soberana quedó en BBB-, con perspectiva negativa, lo que quiere decir que el país estaría a un escalón de perder el grado de inversión con esta agencia. Con las otras dos, el margen es mayor.
Entre los factores que han mencionado las calificadoras para que el país restablezca las finanzas públicas destacan retomar un nivel de crecimiento económico alto y hacer esfuerzos de consolidación fiscal, es decir, de reducción del déficit.
Este aspecto ha sido también abordado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente revisión sobre la economía panameña.
Tras la caída del 17.9% en el PIB en 2020, el organismo proyecta un crecimiento de 12% para este año. En materia fiscal, señaló que “conforme cobre impulso la reactivación, será importante reforzar la sostenibilidad fiscal y apegarse a la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal”.
Esta es la norma que marca los límites anuales de déficit permitidos para el sector público no financiero. Su objetivo original era limitar el gasto del Gobierno, pero en la práctica las tres últimas administraciones la han modificado para acomodarla a sus necesidades de gasto.
La última reforma fue aprobada en 2020 para dar cabida al aumento del gasto y la caída de ingresos durante la pandemia. El límite quedó establecido en un rango entre 9% y 10.5% del PIB. Para este 2021 el límite se reduce a un rango entre 7% y 7.5%; para posteriormente ir cayendo a 4% en 2022, 3% en 2023, 2% en 2024 y 1.5% de 2025 en adelante.
“Observar la regla fiscal garantizará la sostenibilidad de la deuda”, aseguró el FMI antes de señalar que “el esfuerzo de consolidación fiscal post-pandemia debe acompañarse con una planeación fiscal fortalecida en el mediano plazo”.
Habrá factores que contribuirán a la consolidación fiscal después de 2021, “pero quizá se necesiten más mejoras en la administración tributaria y en la priorización del gasto”, sostiene el documento.
El organismo con sede en Washington considera conveniente evaluar el potencial de recaudación y la eficiencia del gasto.
En la parte de los ingresos, señala que sería apropiado revisar el “complejo sistema de exenciones y tratos preferenciales que erosionan la base tributaria de manera continua”. Además, si bien considera que la moratoria tributaria fue justificable en un entorno de pandemia, apunta que debe ser algo temporal, “con la finalidad de contener la expectativa del público de que habrá más moratorias tributarias, ya que ello pudiera erosionar la recaudación”.
