Durante 72 meses tuve que pagar abogados y subir escaleras para recuperar una propiedad que me habían quitado de forma ilegal.
Todo comenzó hace seis años, cuando le pedí a mi papá que por favor me fuera a retirar la placa del auto. Al llegar, no se la dieron. Le dijeron que ese auto, el que yo manejaba, ya no era mío, sino que estaba bajo el nombre de otra persona.
Resulta que mi auto ya no era mío. En una movida muy eficiente, alguien había obtenido mis documentos y había liberado el vehículo al terminar yo de pagar al banco. Quizás aquí estuvo mi error, pues desconocía que había que liberarlo una vez cancelado el préstamo.
Aparentemente hay alguna red que tiene cómo verificar cuáles carros no han sido liberados y obtiene los documentos y los cambia. Así me sucedió a mí.
Tomaron mi cédula e hicieron una nueva tomando únicamente mi nombre y mi número de cédula.
Le cambiaron la foto, la firma y hasta la fecha de cumpleaños.
Luego autenticaron todos esos documentos en una notaría pública y buscaron a alguien que quisiera comprar mi automóvil.
Uno de los comercios de autos de segunda por la Fernández de Córdoba vio un negocio en mi auto y decidió comprarlo. Los usurpadores de identidad entonces fueron al Municipio e hicieron el traspaso, finiquitando así la transacción. Mi auto había dejado de ser mío.
En teoría, al yo denunciar esto con las respectivas pruebas, el proceso para recuperar mi auto debía haber sido fácil, o al menos favorable para mí, la víctima.
No fue así. A partir de ese día se inició un camino pedregoso por el que tuve que transitar durante seis años hasta que por fin, el mes pasado, logré volver a poseer mi auto. El tema salió del Municipio y se fue a la esfera judicial.
Al falsificar mis documentos y luego autenticarlos en una notaría, la operación tomaba el matiz de delito contra la fe pública, por lo que se tenía que resolver legalmente. Si bien ellos no tenían que ayudarme a solucionar, el Municipio hizo todo lo contrario a ayudarme. Y eso que al buscar la boleta de traspaso con la que vendieron mi auto, no aparecía. La única de ese día que no aparecía. Al día siguiente apareció como por arte de magia arriba de un escritorio.
El Municipio no se inmutó en darme un centímetro de solidaridad, sino todo lo contrario. Comencemos por el hecho de que no existía nada que me ayudara con las placas. Todos los años, por seis años, tuve que prácticamente explicar paso a paso mi caso y rogarles que me facilitaran un permiso de circulación.
Cada vez que un policía me detenía, mi archivo aparentemente no advertía nada, así que me tocó explicarles todo mi problema para que no me multaran al andar sin placa ni seguro.
72 meses después, con varios cambios de abogados incluidos, por fin la Corte Suprema de Justicia falló a mi favor y me dio un documento en el que me reconocían como la víctima. Con él, fui al Municipio y por fin realizaron el traspaso a mi nombre. Mi auto volvía a ser mío. Pese a todo.