El Gobierno, junto al poder legislativo, ha estado acordando la derogación de la Ley 122 de 2019, que otorga créditos fiscales hasta por el 100% del monto de la inversión a aquellas personas que destinen su dinero a la adquisición de bonos o acciones y demás instrumentos financieros emitidos por empresas registradas en el Registro Nacional de Turismo.
El alcance de esta ley dividió al mundo empresarial panameño y a los funcionarios de las altas esferas. Estaban los que creían que los incentivos fiscales, tal como lo disponía la norma, eran indispensables para empujar la inversión en infraestructura turística, mientras que otros se oponían porque advertían que la Ley 122 permitía que el Estado (es decir, los ciudadanos) reembolsaran a los inversionistas la totalidad del dinero que inviertan.
De allí que se tomó la decisión de analizar posibles cambios a la ley, aprobada en diciembre de 2019 bajo el gobierno de Laurentino Cortizo. Pero las reformas permanecieron en el secretismo estatal hasta que el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Melchor Herrera presentó un anteproyecto de ley que propone derogar la Ley 122 y plantea varios límites para poder aplicar al incentivo fiscal.
Para empezar, propone que se reduzca del 100% al 60% lo que se reconocería como crédito fiscal sobre el valor total del proyecto, excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan maestro.
Para el requerimiento de la infraestructura del plan maestro del proyecto, el valor que podrá ser reconocido se limitaría a un máximo equivalente al 20% del total del proyecto, excluyendo también el valor de la tierra.
Se entiende como la infraestructura del plan maestro los servicios básicos, como vías de acceso, alcantarillado o tratamiento de aguas servidas.
Por otro lado, se acortaría el período de vigencia del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando la Ley 122 plantea que el incentivo sería aplicable hasta 2025.
Además, se limitaría la aplicación del beneficio a la inversiones en hoteles y sitios de alojamiento, incluyendo sus inversiones turísticas complementarias, de acuerdo con lo explicado por el diputado Herrera.
De ser así, quedarían excluídas las inversiones netamente inmobiliarias que pretendía sacar ventaja de la Ley 122.
Se le exigiría al inversionista que antes de poder aplicar su crédito fiscal, demuestre que ya haya iniciado la construcción del proyecto.
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó ayer a través de un comunicado que apoya la iniciativa legislativa, porque contribuye a la ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, con la atracción de inversiones turísticas, crea empleos y descentraliza la economía.
La ATP precisó que todos los proyectos en trámite bajo la Ley 122 tendrían que aplicar a los incentivos bajo los términos de la nueva ley, una vez se apruebe, a excepción de un solo proyecto que culminó el trámite completo ante la Dirección General de Ingresos ($9 millones).
Hasta el 31 de diciembre de 2021, las emisiones registradas o en trámite en la Superintendencia del Mercado de Valores que harían uso de los incentivos fiscales que contempla la Ley 122 sumaban $497 millones.
