El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 624, que actualiza una serie de leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, además de establecer mecanismos más efectivos para el intercambio de información fiscal.
El proyecto es una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dentro de la estrategia del país para adoptar estándares internacionales y salir de listas como la del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Unión Europea.
El MEF señaló ayer en un comunicado que la iniciativa legal incluye algunas de las recomendaciones del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFI establecidas en el plan de acción que adelanta el país, como garantizar un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados, adecuar el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas, y la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas. Uno de los objetivos de la ley es mejorar la eficacia del intercambio de información fiscal y por eso se requiere a las personas jurídicas offshore que remitan anualmente al agente residente los registros contables.
El MEF señaló que la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) ha finalizado el análisis de riesgo del sector corporativo, con el apoyo del Banco Mundial.
En su última reunión plenaria, celebrada la semana pasada en París, Francia, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dejó constancia de la preocupación del organismo por el lento avance de Panamá en la implementación del plan de acción, que contiene una serie de medidas para reforzar la prevención del blanqueo de capitales.
Las fechas contempladas originalmente en el plan expiraron en enero de 2021 y el GAFI instó a Panamá a completarlo para febrero de 2022. Si no observa suficiente avance, el organismo consideraría medidas adicionales, entre ellas pasar a Panamá de la lista gris, en la que está actualmente a la negra, algo que tendría consecuencias negativas para el centro financiero en particular y para el país en general.
