Un estudio del Instituto de Gobierno Corporativo reveló algunas de las principales deficiencias de cinco empresas estatales en la aplicación de buenas prácticas en la gestión de compañías.
Siguiendo los 100 lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre gobierno corporativo, el informe analiza 19 subindicadores agrupados en cinco categorías.
Fueron objeto de estudio la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Metro de Panamá, S.A., y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
El promedio de cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo en las cinco compañías es de solo el 28%, según los datos actualizados, a septiembre de 2019, un resultado deficiente que se explica en parte por “el alto nivel de desempeño establecido por el parámetro de la OCDE”.
El análisis señala algunas características positivas de las empresas públicas, como el hecho de que están constituidas como corporaciones, que usan las normas internacionales de información financiera en su contabilidad, que tienen páginas web para divulgar información, un tamaño adecuado de juntas directivas y posiciones separadas para el director general y el presidente de la junta directiva.
Pero también se refiere a una serie de deficiencias en las estructuras. Entre ellas, destaca la débil aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas.
“Las estructuras de gobierno corporativo no parecen ser lo bastante fuertes como para garantizar que las contrataciones públicas se realizan de manera justa o transparente y que no ocurren transacciones abusivas y actos ilícitos entre partes relacionadas”, señala el reporte.
Mención especial merece también la composición de las juntas directivas. Idealmente, los entes rectores de las empresas estatales deberían ser independientes del Gobierno, pero en estos casos las directivas están pobladas de ministros y personas cercanas a los gobiernos o vinculadas a la misma industria.
Por otro lado, se observa la ausencia de comités de auditoría en la mayoría de las empresas evaluadas.
Carlos Barsallo, miembro de la directiva del Instituto de Gobierno Corporativo, dijo que esta situación es legal, porque así lo determinan las leyes.
Por lo tanto, la corrección dependería de un cambio en la normativa. “La sociedad debe evaluar si no es mejor tener empresas estatales supervisadas por personas más independientes de la política y de la industria”, dijo el abogado.
En términos generales, el estudio señala que un buen gobierno corporativo “se traduce en mejores resultados, aumenta el valor de la empresas públicas, así como la capacidad para cumplir con los compromisos sociales”.
