El Congreso de Estados Unidos (EU) aprobó el pasado martes una ley que obligaría a las sociedades a revelar cuáles son sus beneficiarios finales.
La norma se denomina Ley de Transparencia Corporativa, y obliga a las compañías a comunicar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuáles son sus verdaderos dueños.
La norma fue aprobada por el Congreso estadounidense por una amplia mayoría, que sería lo suficientemente grande como para anular un eventual veto del presidente Donald Trump, reportaron varios medios estadounidenses.
La Ley de Transparencia Corporativa está incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que se espera que convierta en ley antes de que concluya el año, según recoge el sitio web de la coalición Rendición de Cuentas Financieras y Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en inglés), una alianza de más de 100 organizaciones que trabaja para tener sistemas fiscales justos y para combatir prácticas financieras corruptas, según su propia definición.
“Esta es la reforma anti-corrupción y anti-lavado de dinero más significativa en una generación”, dijo Clark Gascoigne, representantes de la coalición FACT, citado por el diario Miami Herald.
“Es la culminación de una campaña de más de una década para aprobar legislación sobre transparencia financiera”, acotó.
Con la nueva legislación, las compañías tendrán que registrar a sus beneficiarios finales en una base de datos administrada por el FinCEN, institución equivalente a la Unidad de Análisis Financiero panameña y que está integrada en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Hasta ahora, la responsabilidad de identificar a los beneficiarios finales es de los bancos cuando las sociedades trataban de abrir una cuenta, señala el Financial Times.
La identificación de los beneficiarios finales de las sociedades se ha consolidado como tendencia de transparencia por todo el mundo.
Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, señaló que los modelos están cambiando hacia un registro centralizado en alguna autoridad estatal, y que luego existe un debate sobre si ese registro debe ser de acceso público o privado.
Panamá aprobó el pasado mes de marzo una ley que crea un registro único y privado de beneficiarios finales, pero hasta el momento la base de datos no ha sido creada, una tarea que le corresponde a la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Desde el Ejecutivo han señalado que se estaría revisando la ley para hacerle algunas adecuaciones.
Con la creación de registros de beneficiarios se busca mejorar la transparencia y evitar el uso de sociedades para esconder fondos obtenidos de manera irregular.