Un proyecto de ley que crearía la mayor carga tributaria entre las principales naciones productoras de cobre fue aprobado en una votación inicial en el Senado de Chile.
El texto principal de la propuesta fue aprobado por 18 votos a favor y 16 en contra. Ahora, el proyecto regresará a la comisión de Minería, donde es probable que los miembros busquen modificarlo para moderar su impacto. Las enmiendas volverían luego al pleno para otra votación.
Los políticos de la principal nación productora de cobre buscan una mayor participación en las ganancias mineras para ayudar a resolver las desigualdades exacerbadas por la pandemia.
Chile ha estado redactando una nueva Constitución que podría conducir a reglas más estrictas sobre los derechos minerales y comunitarios en un momento en que los votantes se están alejando de los partidos tradicionales antes de las elecciones presidenciales.
Si bien el proyecto de ley respaldado por la oposición pasó fácilmente por la cámara baja en mayo, un ritmo constante de advertencias de la coalición gobernante de centro derecha y representantes de la industria ha hecho que algunos legisladores duden de la iniciativa. Compañías, entre ellas Grupo BHP, advierten que el proyecto de ley tal como está –con tramos de impuestos sobre las ventas según el precio del cobre–, perjudicaría las inversiones en una nación que representa más de una cuarta parte del cobre mundial.
El debate en torno al proyecto de ley se ha visto envuelto en los cambiantes vientos políticos del país. Por un lado, los partidos de izquierda cuestionan las reglas favorables a los inversionistas que hicieron de Chile una de las naciones más ricas de la región, mientras que por el otro, los de derecha temen que una pérdida de competitividad frene el desarrollo.
A las tensiones se suma la incertidumbre sobre cómo encajaría el nuevo royalty junto con los impuestos existentes. Si bien quienes están a favor de la regalía dicen que reemplazaría los impuestos actuales sobre las ganancias, eso no está escrito en el proyecto de ley, lo que lleva a los funcionarios del Gobierno a sugerir que los dos sistemas podrían funcionar juntos, creando una carga tributaria total de 80%.
