Con una tasa de desempleo que podría saltar de 7% a 15% al finalizar el año, será inevitable que una porción de los préstamos cuyas condiciones han sido modificadas al día de hoy, debido a la incapacidad de pago de los clientes bancarios, termine como créditos incobrables.
Ayer, los representantes de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) hablaron sobre el seguimiento que se le da a la actual situación, marcada por la paralización de la economía y el aumento de riesgos para el sistema financiero.
En este sentido, han establecido varios riesgos que se han ido incrementando, y entre los que se encuentra el sobreendeudamiento de los consumidores, el aumento de la morosidad y el vencimiento de las deudas.
En este momento, la morosidad se encuentra bajo control, dijo Amauri Castillo, superintendente de Bancos, pero su comportamiento dependerá del deterioro de las variables macroeconómicas de un país cuyas actividades productivas trabajan a media marcha o están totalmente paralizadas.
La suspensión de contratos laborales, el desempleo y el posible cierre de empresas es un tema de “preocupación para el regulador, las entidades de crédito y la gente. Todos estamos en una situación complicada que debemos ir manejando con el mejor de los cuidados”, dijo Castillo.
En este sentido, se reconoce como una alarma el hecho de que 242 mil personas se encuentran con contratos suspendidos (hasta ayer), y por ende, no cuentan con sus ingresos recurrentes.
La gravedad de este panorama laboral no se ha visto reflejada en la tasa de morosidad de los préstamos debido a que se establecieron modificaciones en los términos y condiciones originalmente pactados, períodos de gracia, cambios en los plazos y ajustes en las tasas de interés, además de una moratoria hasta el 31 de diciembre en distintos tipos de préstamos comerciales y de consumo.
Bajo esta nueva realidad, se creó la categoría de créditos modificados, con lo cual los bancos no deterioran las calificaciones de los préstamos del deudor y, por lo tanto, las entidades no están obligadas a realizar provisiones de manera inmediata.
Sin embargo, dada la extensión del confinamiento y la demora en la reapertura de ciertas actividades, de forma espontánea los bancos han ido aumentando sus provisiones para cubrir los préstamos que podrían caer en categoría de vencidos o incobrables a partir del próximo año.
Javier Motta, director de Estudios Financieros de la SBP, reveló que en este momento hay $1,500 millones en reservas, para cubrir “con creces”, los saldos vencidos hasta la fecha.
Y se calcula que, para el primer semestre de 2021, estas provisiones para cubrir los préstamos vencidos, se incrementarán a $2,200 millones.
Según el registro del regulador bancario, el sector hipotecario mantiene una morosidad de 5.5%, y el comercio, de 5.3%; mientras que la cartera de consumo tiene alrededor de 4%; construcción, cerca de 4.5%, y el sector agropecuario, un 6%.
Estos son porcentajes muy parecidos a los que la SBP manejaba desde marzo pasado, precisamente por los arreglos de pago que hoy son parte de la dinámica en la relación entre bancos y clientes.
Pero el próximo año, cuando haya una apertura total de la economía y se conozcan los datos de desempleo, entonces se podrá hacer una valoración más certera sobre el tema y sus efectos en la clasificación de los préstamos, dijo Motta.
El nivel de desempleo puede estar en 15% o más, “y esto impactará el nivel de las reservas, que es el mecanismo que tiene el regulador y la banca para que la falta de pagos no impacte a los ahorristas”, dijo Motta.
Hasta el mes de julio, los bancos de la plaza panameña habían modificado más de un millón de crédito con saldos por encima de los $27,000 millones.
Castillo, por su lado, precisó que observan como un síntoma positivo el hecho de que los bancos, de forma espontánea, han ido aumentando sus reservas para cubrir los préstamos que caigan en categoría de vencidos el próximo año.
A pesar de las dificultades que imprime la situación actual, la SBP ha manifestado que los fundamentos del sistema bancario en su conjunto muestran la solidez para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.
La SBP proyecta que la economía local caerá 6.3% al cierre de este año, debido a su paralización y la incertidumbre en la que se encuentran las diversas actividades productivas del país, a raíz de la pandemia.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un descenso entre 8% y 9% para este año.
Las proyecciones que hacen, sin embargo, podrían ajustarse en la medida en que prevalezcan los riesgos observados.