El debate se inició. Desde perspectivas antagónicas, propuestas radicales y destellos de concordancia. El núcleo de la discusión: el sistema de pensiones, llamado subsistema definido o solidario, enfrenta un déficit para garantizar el pago de las jubilaciones a las generaciones en envejecimiento. Se trata de un enorme problema, con soluciones complejas.
En enero, cuando finalmente la Caja de Seguro Social (CSS), bajo el liderazgo de Enrique Lau, admitió el problema, se aseguró que en 18 meses las autoridades esperaban contar con los informes financieros auditados que servirían de base para convocar un diálogo nacional que concluya en reformas al sistema. Pero la gravedad de los números preliminares ha activado a gremios, trabajadores y empresarios para conversar sobre el tema.
Un reciente encuentro, convocado por la Fundación del Trabajo, dejó ver las posiciones que ya existen respecto al futuro del subsistema definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CSS.
El choque de ideas se generó, básicamente, entre el representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), César Tribaldos, y el economista Juan Jované, exdirector de la CSS y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, desde donde se ha formado un grupo que estudia el problema. Ambos reconocen un enorme desafío.
Las últimas cifras del subsistema de IVM indican que para 2018 se reportaron ingresos por $1,649 millones, mientras que los gastos para el pago de las pensiones llegaron a $1,697. La diferencia de $48 millones, pese a los aportes del Estado, no dejó otro camino que utilizar las reservas. Para 2019, el déficit fue de más $200 millones. Y para 2023 se habrían de agotar las reservas.
Tribaldos, que en el pasado fue miembro de la junta directiva de la CSS, reiteró que el subsistema de beneficio definido del IVM “ha colapsado y hay que refundarlo nuevamente”.
El problema es que a lo largo del tiempo se fue reduciendo considerablemente la masa de cotizantes, mientras que el número de pensionados y el tiempo de pagar pensiones aumentaba.
Dichos cambios demográficos, contó Tribaldos, le dieron la estocada a un sistema basado en el principio de que la generación nueva paga las pensiones de la anterior, que se retira, y así sucesivamente. “Es muy similar al esquema de la pirámide de Ponzi. Pero las nuevas generaciones no tienen la capacidad de seguir financiando las pensiones de la generación que le sigue, ya que cada año hay una población de pensionados más vieja, que vive mucho más tiempo, soportada por una nueva generación que no crece al ritmo de la anterior”.
Bajo este escenario, se aprueban las últimas reformas al sistema de pensiones en 2005, con las cuales se determinó que las generaciones que cotizan desde 2008 entraban de forma obligatoria al llamado sistema mixto, que tiene un componente de ahorro individual para no seguir arrastrando el déficit hacia los nuevos cotizantes.
Tribaldos reconoce que se trató de un paliativo, ya que al momento de promulgar la Ley 51 de 2005 se sabía que en menos de una década había que reformarla. Sin embargo, nunca se hizo nada.
Jované, por su lado, encuentra que es, precisamente, esta ley la ha provocado la crisis actual, aunque el sistema estaba en quiebra previo a las reformas.
“En ese momento se les dijo que estaban creando un inmenso problema que dejaba a toda una generación descubierta. Hay una generación que hizo solidaridad y no hay quien la haga con ellos”, recalcó Jované.
A su juicio, no era correcto “destruir” el sistema, y de hacerlo, el Estado es el que debería responder por el pago de las pensiones que quedaron en el sistema solidario.
Tribaldos recuerda que al crear un sistema basado en el ahorro individual se evitó que el contagio de un sistema de pensiones enfermo se siguiera propagando.
Jované no está de acuerdo. Considera hay que “volver al sistema solidario como principio no negociable”, para que las nuevas generaciones aporten a los que ya están pensionados o por pensionarse.
Tribaldos lo rechaza. Advierte que si se toman los fondos de reservas del sistema mixto, estos fondos se agotarían en cinco años, o sea, en 2028. ¿Con qué, quién y cómo devolverían estos ahorros a los jóvenes del nuevo sistema?, cuestionó, al tiempo que dijo será necesario tomar medidas paramétricas con el fin de poder mantener el IVM financieramente sostenible en el tiempo. Habló de estudiar la posibilidad de un ajuste en la edad de jubilación, dependiendo de la edad del cotizante.
“Nos tocará consensuar, diseñar y ejecutar una nueva fórmula que revolucione el sistema y que, necesariamente, tendrá que incluir algunas reformas paramétricas, aumento de impuestos o una combinación de ambas”.
Jované se opone. A su juicio, no se le tienen que cargar nuevos costos a los cotizantes. Cree que se pueden conseguir los fondos a través de varias cruzadas. Pone como ejemplo que hay 93 mil trabajadores informales que trabajan para empresas y que no cotizan. Además, el Estado podría tener los fondos que necesitan los pensionados si realmente establece una política de combate a la evasión fiscal.
Jované y Tribaldos coinciden en que la evasión de la cuota obrero-patronal debería ser penada por ley, algo que ciertamente sería beneficioso para el sistema, pero para algunos entendidos no resolvería el problema de fondo.
Tribaldos dejó sobre la mesa la propuesta de crear una entidad que se encargue de la administración del sistema de pensiones. Sería una entidad 100% estatal, que se dedicaría a proveer los servicios de pensiones con una nueva estructura legal, conformada por personal idóneo en temas actuariales y financieros, con responsabilidades penales y pecuniarios en caso de acciones por omisión o mala práctica.
La entidad estaría enfocada a invertir las reservas y cobrar y pagar pensiones. “Se regiría con un nuevo sistema de pensiones que ajuste de una manera gradual, tanto el modelo de beneficio definido para hacerlo solidariamente sostenible, como también el mixto, de ahorro individual, que tal como está diseñado no es cónsono con lo que debería recibir el asegurado, sin dejar de mantener su solidaridad”. Esta entidad recibiría los aportes que provienen de los trabajadores y patronos destinados hoy día al IVM.
Jované ve en esto una privatización disfrazada. Algo que se negó en el debate reciente.
