Luego de un “profundo análisis”, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) concluyó que la Ley 122 de 2019 sobre incentivos para el fomento de la actividad turística requiere de “una revisión concienzuda por parte del Órgano Ejecutivo”.
Esta ley permite que las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de los montos invertidos.
“Como gremio apoyamos y promovemos las iniciativas encaminadas a estimularlo y a asegurar su competitividad frente a otros destinos, pero sin dejar por ello de reconocer que los intereses del país, como un todo, deben primar sobre los intereses particulares e incluso sectoriales”, señaló en el boletín Cámara Opina.
La Cciap recomienda revisar la ley para orientarla a las ocho áreas de interés definidas en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025. Además, sugiere diferenciar entre producto turístico y desarrollo hotelero, y aquellos proyectos inmobiliarios o residenciales que, “más que ayudar al turismo, podrían plantear una competencia desleal al sector”. La información debe ser pública y se deben establecer topes y la cantidad de empleos que se generará.
Añade que si los créditos fiscales se otorgan al inicio de la obra, el desarrollador debe presentar fianzas de cumplimiento y estudios de factibilidad y viabilidad.
