La igualdad de género es una cuestión de derechos humanos en la que se deben involucrar tanto hombres como mujeres porque afecta a toda la sociedad, así que “en la medida que vayamos cerrando brechas, podremos prosperar como país”.
Así lo manifestó en una conversación con este diario Mónica de Chapman, tras tomar posesión como presidenta de la junta directiva de la Asociación de Directoras de Panamá (ADP) en un acto celebrado esta semana.
Además de ser un tema de derechos humanos y “de lógica”, la diversidad también se puede traducir en buenos resultados empresariales.
De Chapman dijo que la sociedad y por lo tanto el mercado potencial de una empresa está dividido entre hombres y mujeres, y por lo tanto no se pueden tomar decisiones en los directorios sin tomar en cuenta a una parte de la población que, incluso, tiene mayor decisión de compra en los hogares.
En el evento se presentó el último análisis sobre el nivel de cumplimiento de la Ley 56 de 2017, que estableció que para 2020 al menos un 30% de posiciones en directivas de entidades estatales y empresas reguladas debía ser ocupado por mujeres.
El estudio revela que las 356 entidades públicas y privadas obligadas tienen 2,095 posiciones de directores y cuentan con 471 mujeres en sus directivas. Así, en términos globales, la participación de la mujer es de un 22.5%. De Chapman dijo que ha habido avance desde que se aprobó la ley (en 2018 la participación era de 16.3%), pero recordó que “todavía no estamos en cumplimiento” y que falta para llegar al 30%.
Entre 2020 y 2021 hubo un aumento de 56 puestos más ocupados por mujeres, pero de las 356 entidades obligadas, solo 134 cumplen con la cuota del 30%. Es decir, solo un 37.6% de las entidades obligadas cumple con la ley.
Por sectores, los mayores niveles de cumplimiento se dan en entidades ligadas al mercado de capitales, como las autorreguladas, administradores de inversión, casas de valores y asesores de inversión. Los niveles más bajos están en el sector bancario, en bancos de licencia general y de licencia internacional, así como en intermediarios financieros. Particularmente notorio es el caso de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que no tiene una sola mujer en su directiva, a pesar de que varios nombramientos se han producido ya dentro de la vigencia de la Ley 56.
