El impuesto a las bebidas azucaradas, establecido en la Ley No. 114 de 18 de noviembre de 2019, que fija tarifas de entre 5% y 10% sobre el precio de las sodas, agua saborizada, jarabes y sirope, entre otros productos, generaría otro golpe en el bolsillo de los consumidores.
“Los impuestos establecidos en esta ley no recaen sobre el productor, sino que pasa directamente al cliente” dijo, Aida Michelle de Maduro, miembro del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
La idea de la ley es que el consumidor asuma los gravámenes para que baje la ingesta de azúcar, agregó.
La ley publicada en la Gaceta Oficial No.28903-A y que comenzó a regir el pasado martes, fija un impuesto de 7% para las bebidas gaseosas y agua saborizada. Es decir, si una soda cuesta $1, con el ajuste, el consumidor deberá pagar $1.07.
También, se fija un impuesto de 10% para los jarabes, siropes y concentrados para la producción de bebidas azucaradas.
El SIP plantea una verificación a la ley por considerar que hay una doble tributación. “Por un lado se cobra un impuesto a los siropes y por el otro a la bebida, y eso hay que revisarlo”, advirtió Maduro.
Reducir el azúcar en la alimentación mediante la aprobación de impuestos a las bebidas azucaradas, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el aumento de enfermedades crónicas, como sobrepeso, obesidad, diabetes, males cardiovasculares y cáncer.
En Panamá, además de las bebidas gaseosas, también se fijó un impuesto de 5% para las bebidas azucaradas nacionales e importadas que tengan más de 7.5 gramos de azúcar por 100 mililitros.
Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, afirmó que esta ley representa un primer esfuerzo contra la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles como es la diabetes.
En Panamá y el mundo, esta enfermedad no transmisible, es la quinta causa de muerte. Las estadísticas del Ministerio de Salud revelan que por esta causa fallecieron mil 255 personas en 2017.
Con la Ley 114 de 18 de noviembre de 2019, también se crea una Comisión para el Mejoramiento de la Salud que se encargará de desarrollar el Plan de Acción para Mejorar la Salud en el país. Esta comisión comenzará a funcionar en marzo de 2020, cuando se designen todos sus miembros.
Los representantes de las organizaciones de consumidores lamentaron no tener un espacio en dicha comisión. “La ley intenta proveer la fijación de un plan de lucha a favor de la salud sin sumar a la comisión y las organizaciones locales de consumidores”, dijo Fletcher.
Distingue que la iniciativa no establece el deber del Estado de motivar el reemplazo de las bebidas azucaradas por agua potable (no embotellada) a través de la creación de miles de fuentes de agua en las escuelas y parques, entre otros lugares”, dijo.
La regulación también establece que la industria debe incluir en todos sus productos nacionales e importados un etiquetado en español con el contenido nutricional. Tienen plazo hasta el mes de marzo de 2020 para cumplir con la normativa.
Para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, esta medida creará aumentos en los costos de producción y distribución, mientras que limitará las opciones del consumidor.
Lo recaudado del impuesto al consumo de bebidas azucaradas, a excepción de las bebidas gaseosas, se distribuirá entre los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias, entre otros, para los planes de acción de mejora a la salud.
Cronología de dos años en evaluación
En septiembre de 2017 llegó a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 570, que crea el plan de acción para mejorar la salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto al consumo de bebidas azucaradas. La iniciativa la presentaron los diputados Yanibel Ábrego y Javier Ortega.
Febrero de 2019 fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional.
La ley fue vetada por el entonces presidente de la República Juan Carlos Varela.
Abril de 2019 fue aprobada por insistencia por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
Octubre 2019 la Ley fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo.