En este 2021 comenzó a correr el último de los 25 años de la concesión del contrato firmado en 1997 entre Panamá Ports Company (PPC) y el Estado panameño para la operación y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados estratégicamente en las entradas del Canal de Panamá.
Aunque una de las cláusulas establece que se prorrogará automáticamente por un período adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, se precisa, “siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato”.
Es una de las consideraciones que la actual administración del presidente Laurentino Cortizo tomó en cuenta a pocos meses de haber llegado al poder para considerar la necesidad de una revisión y auditoría al contrato con el fin de verificar su cumplimiento.
“La forma correcta de poder auditar ese tema es a través de la Contraloría, que tiene una revisión en proceso”, dijo una fuente gubernamental.
La Contraloría General de la República es el ente legal que le corresponde, según la fuente, porque es la entidad que fiscaliza los fondos del Estado panameño, que es el propietario del 10% de las acciones de la empresa PPC, según lo acordado en el contrato.
La Contraloría General de la República informó a este diario que la Dirección de Auditoría General recibió la solicitud para realizar la auditoría en 2017 y se estuvo analizando pero no se ejecutó. “La actual administración de la Contraloría instruyó a la Dirección de Auditoría General para que se procediera con dicha auditoría. Por tanto nos abstenemos de emitir criterio al respecto para evitar entorpecer su avance y resultado final”, indicó la entidad.
Concesiones portuarias
MIT. Mediante Ley 9 del 6 de marzo de 2013 se renovó hasta 2033.
CCT. El contrato de concesión de Colon Container Terminal, filial de Evergreen, se renovó en 2017 hasta 2036.
PSA. La concesión a PSA Panama International Terminal que opera en Rodman está vigente hasta 2035.
PCCP. Este contrato de concesión se aprobó con la Ley 42 de 2013. Se construye en Isla Margarita y está vigente hasta 2033.
La empresa, como dueña del 90% de las acciones, es la que convoca a las reuniones de directiva, pero el tema de la vigencia o prórroga del contrato no se ha tratado, dijo una fuente.
Como representante del Estado panameño, en esa junta directiva participa el ministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, designado mediante el Decreto Ejecutivo 459 del 22 de agosto de 2019, firmado por el presidente Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo.
Esta representación en la directiva de la compañía se establece en la cláusula segunda del contrato Ley 5 del 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó la concesión con PPC para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
Modificación y adendas
Cuando este contrato cumplió los primeros cinco años de vigencia en 2002, la empresa solicitó la modificación que fue avalada durante el gobierno de la entonces presidenta Mireya Moscoso, a través de una resolución que eliminó la anualidad fija de $22.2 millones y la anualidad variable del 10% de los ingresos que PPC se había comprometido a pagar al Estado panameño.
La suma de la anualidad fija y variable representaban aproximadamente $30 millones al año y unos $600 millones por los 20 años restante de la concesión. Si se suman estos a los 25 años de la prórroga significan más de mil 200 millones de dólares.
La negociación para que se ejecutara esta modificación fue liderada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome. El cambio en los parámetros del contrato se concretó a través de la Resolución del 14 de mayo de 2002, algo que según varios analistas tuvo visos de inconstitucionalidad porque una resolución, que tiene menos jerarquía legal, modificó un contrato ley.
Se alegó aplicar criterios de equiparación con las concesiones otorgadas a Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT), sin tener en cuenta que PPC recibió infraestructura ya construida en los puertos de Balboa y Cristóbal con un valor estimado en ese momento de más de mil millones de dólares, mientras CCT y MIT recibieron las concesiones sin ningún tipo de infraestructura. Al momento de esta modificación era legislador el hoy presidente de la República, Laurentino Cortizo, y ejercía como presidente de la comisión de Comercio de la Asamblea donde fue atendido el tema.
Cortizo planteó su rechazo a eliminar cláusulas del contrato y en su lugar propuso que el Gobierno debió otorgar un crédito de $200 millones a PPC, sin embargo, la modificación avanzó tal como lo solicitaba la empresa y fue aprobada.
Posteriormente, la Resolución fue impugnada por ilegal ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que PPC solicitó al Gobierno del expresidente Martín Torrijos iniciar un proceso de renegociación.
A través de la Ley 55 de diciembre de 2005, se aprobó la adenda No. 1 al contrato de concesión, en la cual se reconoce que “la equiparación no era aplicable a la empresa, toda vez que esta recibió infraestructuras y puertos en operación, a diferencia de los otros operadores portuarios”, lo que “lesionaba gravemente a todos los panameños y panameñas al privar al Estado de cuantiosas sumas que podrían contribuir al desarrollo social del país”.
Con esta adenda se modificó los términos y aumentó la tarifa por movimiento de contenedor de seis a nueve dólares, más el aumento quinquenal de acuerdo al índice de precios al consumidor. Igualmente el compromiso contractual de invertir mil millones de dólares para aumentar la capacidad de los puertos.
Además, la empresa pagó al Estado $102 millones en concepto de contraprestación por el derecho de uso de las infraestructuras y puertos en operación recibidos en concesión.
Durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, se aprobó la Adenda 2, en junio de 2010, mediante la cual se modificó la tarifa por movimiento de contenedor a $12.
Luego en 2012 se aprobó la tercera adenda en la cual se señala que el marco legal que regirá la relación laboral con los trabajadores portuarios es el Código de Trabajo.
Se desconoce cuál será el tratamiento que le dará la actual administración a este contrato para que el Estado obtenga los mejores beneficios. Habrá que esperar el resultado de la auditoría. El abogado Pedro Meilán, quien tuvo que presentar un recurso legal para obtener los estados financieros de PPC, considera que la revisión del contrato se tiene que hacer a través de la comisión de Comercio de la Asamblea. “Yo estoy pensando que esto se va a negociar, llevarlo a la Asamblea y exigir que todos los años se le haga un audito, además de la repartición de dividendos al Estado”, indicó Meilán.
