PROYECTO DE LEY APROBADO EN TERCER DEBATE

Contratos suspendidos serán la norma hasta el mes de diciembre

Contratos suspendidos serán la norma hasta el mes de diciembre
Mientras la ministra Doris Zapata participaba ayer de la aprobación de la ley laboral en la Asamblea, los obreros se manifestaban en las calles. Agustín Herrera

En medio de tensas relaciones laborales, con 241 mil trabajadores con contratos interrumpidos y con protestas del sector obrero, ayer se aprobó en tercer debate el proyecto de ley N°. 354, que permitirá seguir haciendo uso de la figura de la suspensión de los acuerdos laborales hasta el 31 de diciembre de este año.

Durante la sesión legislativa, los diputados aprobaron omitir la lectura de cada uno de los artículos del proyecto de ley, que entre el primer y el segundo debate sufrió modificaciones en casi el 90% de su contenido.

Aún con todos los cambios efectuados, los trabajadores advirtieron que no están de acuerdo con las medidas que se tomarán una vez sea sancionado el proyecto, que presentó la ministra de Trabajo, Doris Zapata.

Se oponen rotundamente a la extensión de los contratos suspendidos. Su lectura de esta medida es que se reforma el Código de Trabajo al permitir que las empresas puedan seguir haciendo uso de esta herramienta, cuando la norma legal panameña establece solo cuatro meses de prórroga, que para muchas empresas vencían a inicios del mes de agosto.

Mercado laboral

276 mil contratos se han suspendido durante la pandemia, de acuerdo con los registros de Mitradel.

35 mil contratos que han sido reactivados con la apertura de los dos primeros bloques económicos.

Zapata ha dicho que esta fue la única salida que se encontró para que se mantuvieran vigentes, aunque inactivas, las plazas de trabajo.

De otra manera, las empresas que permanecen cerradas por decreto ejecutivo tendrían que haber despedido a sus trabajadores, hoy suspendidos.

Los trabajadores, a través de Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá; y Saúl Méndez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), reclamaron la inclusión de un bono de $500 para cada trabajador suspendido, pero esta recomendación no cuajó en el tribuna legislativa.

El proyecto, en tanto, propone el pago –por parte del Estado– de un bono cuyo monto aún se desconoce, cuando es sabido que el vale digital de $100, establecido por el Gobierno, no ha llegado a todos los trabajadores suspendidos, ya sea por problemas en el registro de cada empleado o por las ineficiencias del sistema electrónico que utiliza el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Por otro lado, el proyecto aprobado en tercer debate prohíbe a las empresas la contratación de personal nuevo en posiciones similares o iguales a las que ocupaban los trabajadores suspendidos.

La única forma bajo la cual se podría emplear a personal nuevo es en posiciones recién creadas, y luego de informar a las organizaciones sindicales de la empresa.

Hasta la fecha, informó el Mitradel, se ha dado la suspensión temporal de unos 276 mil contratos. En contraste, se han reactivado 35 mil de este total.

Los contratos han sido suspendidos a raíz de que el Gobierno decretó, desde el mes de marzo, el cierre de varas actividades económicas y confinó a los habitantes del país a medidas de aislamiento, en un intento por controlar la propagación de la Covid-19.

En el aspecto laboral, el problema es que, mientras no se decrete la reapertura de las diversas actividades productivas, es poco probable que se sigan reactivando más contratos.

Después de una cuarentena absoluta que aplicó el Gobierno por la pandemia el pasado 25 de marzo, se procedió a la apertura del primer bloque de actividades (comercio electrónico al por menor, servicios profesionales, talleres, acuicultura y pesca), a partir del 13 de mayo pasado.

Luego se procedió con la activación del segundo bloque (construcción de infraestructura pública y minería no metálica), el 1 de junio.

Más tarde se permitió el reintegro de los trabajadores de la mina de cobre, en Coclé. Y como última medida, el Ministerio de Salud autorizó la reactivación, operación y movilización de algunas actividades comerciales, industriales y de servicio en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé a partir del 27 de julio, mediante la Resolución N°. 672, del 24 de julio de 2020.

Pero, en la ciudad de Panamá y en el resto de las demás provincias, continúan bloqueadas actividades, tales como el comercio al por menor, la construcción privada, la hotelería, restaurantes, venta de autos, transporte aéreo, entre muchos otros.

Para René Quevedo, consultor y estudioso del mercado laboral, la reactivación económica y la sostenibilidad del trabajo dependerán de la generación de consumo. “Sin consumo no hay ventas; sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no hay empleo”, subrayó.

Luego de varios meses sin ingresos, muchas empresas –particularmente las pequeñas– habrán cerrado sus puertas cuando sean levantadas las restricciones de movilidad, mientras a otras les será inviable operar en el nuevo marco de requisitos de bioseguridad, adelantó.

En consecuencia, los contratos suspendidos en esas empresas, registrados o no en Mitradel, no serán reactivados ante lo que vislumbra como una quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas.

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