La corrupción se asocia muchas veces a los grandes contratos estatales o a los escándalos protagonizados por algunas empresas, pero no solo está ahí. Se produce también en situaciones cotidianas y de distinta escala, como pagar un soborno para acelerar un trámite en una oficina pública o recibir dinero o materiales de construcción a cambio de un voto. Está tan asentada en el sistema, que a veces cuesta identificarla y por eso se complica la lucha contra este flagelo.
Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de Apede
“No hay forma de luchar contra la corrupción con impunidad. Que no haya certeza del castigo es un incentivo para mantener conductas corruptas y un desinventivo para la inversión”.
Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del evento organizado ayer por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina para presentar el reporte “Integridad en las políticas públicas: Claves para prevenir la Corrupción”.
Lucía Meza, representante encargada del banco multilateral, dijo que se ha apreciado que en Panamá hay un mayor nivel de permisividad o tolerancia a la corrupción, lo que obliga a poner el tema entre los más importantes de la agenda del país.
Apuntó que no se debe entender como un tema de exclusiva competencia del sector público o del Órgano Judicial, sino que toda la sociedad debe contribuir en prevenir la corrupción.
Al final, es la ciudadanía en su conjunto la principal víctima de la corrupción por el desvío de fondos públicos que podrían utilizarse para construir escuelas, centros de saludo o carreteras.
“La gente tiene que entender que la corrupción nos cuesta a todos los ciudadanos. La corrupción es el flagelo más grande que tenemos como sociedad”, dijo Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que participó en un panel tras la presentación del informe.
En el reporte, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina recomienda abordar el tema de manera integral, no con medidas aisladas.
Una de las herramientas que puede ayudar en esta lucha es la tecnología.
A través de la digitalización de los trámites se reduce la discrecionalidad de los funcionarios, caldo de cultivo para la corrupción. Se deben utilizar protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones, pero sin caer en excesivas reglamentaciones que limiten la capacidad de ejecución del Gobierno, como explicó Gustavo Fajardo, economista principal de CAF, en la presentación del informe.
El economista recomienda también fortalecer las instancias de auditoría y fiscalización, como las contralorías, y desarrollar capacidades de investigación y administración de justicia.
Sobre este aspecto, Eleta de Brenes dijo que “no hay forma de luchar contra la corrupción con impunidad. Que no haya certeza del castigo es un incentivo para mantener conductas corruptas y un desincentivo para la inversión”.
Por su parte, Alma Montenegro de Fletcher, exprocuradora de la Administración, dijo que hay que reforzar los comités de ética en las instituciones y puso como ejemplo a la Autoridad del Canal de Panamá.
También hay una labor que hacer desde el punto de vista de los ciudadanos. Se debe fomentar la educación porque, como comentó Fajardo, muchas personas no reconocen situaciones de corrupción; las atenúan si provienen de un partido de la misma ideología; o se llegan a justificar por la ejecución de obras, como sucede cuando se dice: “Robó, pero hizo”.
Otro aspecto fundamental para que la ciudadanía ejerza un rol fiscalizador es el acceso a la información.
El informe señala que en varios países de la región existen leyes de transparencia que obligan a los funcionarios a compartir información cuando es solicitada por algún ciudadano, como es el caso de Panamá.
Pero se advierte, no obstante, de que “quedan importantes espacios de mejora en los plazos de entrega de la información y en la adecuación de las respuestas”.
