Costa Rica se encuentra inmersa en una dura negociación interna para buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayude a mantener a flote sus finanzas, duramente golpeadas por la pandemia de la Covid-19.
Existe consenso sobre la urgencia del acuerdo, pero el camino para alcanzarlo parece sinuoso, con grandes disparidades entre la propuesta del gobierno y las demandas de empresarios y el Legislativo.
La negociación de una propuesta para llevar al FMI se da en momentos en que la pandemia acabó con las proyecciones de contención del déficit fiscal, que en 2018 se mantuvo en el equivalente a 6% del PIB, pero que para este año llegaría a 9.7% según el Ministerio de Hacienda
Una reforma fiscal aprobada en 2018, que instauró el impuesto al valor agregado (IVA) y cortes de gastos, resultó insuficiente para reforzar las arcas públicas ante el impacto económico de la pandemia.
Para agravar la situación, el desempleo se disparó de 12% de enero a marzo, a 24.4% en el trimestre de mayo a julio. Lo fundamental es conservar la estabilidad del país, que el ajuste no impacte a la gente más pobre, que no se comprometan instituciones que son centrales para el desarrollo. Pero al mismo tiempo, aquello que se puede hacer mejor, más eficiente, que se haga, dijo sobre la propuesta oficial el presidente Carlos Alvarado.
El acuerdo con el FMI permitiría al país acceder a un crédito de mil 750 millones de dólares en tres años y le daría credibilidad para salir al mercado internacional en busca de financiamiento privado, necesario para cubrir el déficit fiscal de unos 10 mil millones de dólares anuales.
La propuesta presentada por el gobierno para negociar con el FMI contempla una serie de impuestos temporales, incluyendo un gravamen de 0.3% sobre las transacciones financieras en los primeros dos años de vigencia del acuerdo y de 0.2% en los dos años siguientes.
Incluye también impuestos temporales a las ganancias de grandes cooperativas, a la renta, a la propiedad de bienes inmuebles y al envío de remesas al exterior, todos por cuatro años.