Los pagos que deberá enfrentar la Caja de Seguro Social (CSS) con los futuros jubilados del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) han sido subestimados por la administración de la entidad.
La información financiera que la CSS entrega a la Junta Técnica Actuarial para determinar de qué tamaño es el problema de insolvencia que enfrentará el IVM no incluye a los cotizantes que aparecen como inactivos porque no están haciendo los desembolsos de la denominada cuota obrero-patronal en el año de análisis, aunque sí han hecho contribuciones para jubilarse.
Esta información es obviada a pesar de que se trata de trabajadores con derechos latentes.
En esta categoría de los llamados contribuyentes inactivos se pueden encontrar algunos cotizantes que incluso han terminado de pagar las cuotas requeridas para jubilarse, pero no han llegado a la edad de retiro.
También podrían estar personas que han pagado una cantidad determinada de cuotas, pero que debido a la pérdida de actividad económica, en el año de análisis, han dejado de hacer dichas contribuciones, aunque esto no significa que no podrán jubilarse en el futuro, si es que retoman sus pagos.
La Junta Técnica Actuarial advirtió en su informe de octubre de 2020, que la última información proporcionada por la administración de la CSS, que data de 2018, genera inquietud ante la falta de información sobre los cotizantes inactivos.
Indicó que este es un tema recurrente, que se viene presentado como una observación por parte de la junta técnica actuarial desde el reporte correspondiente al 2010.
En la CSS reconocen como una de las limitantes en la base de datos la ausencia de la información de dichos cotizantes inactivos.
Sin embargo, no se ha conocido sobre posibles planes para hacer los ajustes necesarios, con la finalidad de que la data aparezca como una radiografía certera respecto a los compromisos que deberá asumir la CSS con todos los cotizantes que forman parte del subsistema de reparto definido del IVM y que tendrán derecho a una jubilación.
En este momento, para los estudios actuariales, la CSS utiliza las bases de datos de los cotizantes “activos”, definidos como aquellos que han cotizado al menos una cuota en el año de análisis.
Según lo que establece el informe actuarial, a estos cotizantes se les proyecta cuotas aportadas y pensiones. En base a esta definición de cotizante “activo”, es que se define como “inactivo” a toda persona que en el pasado cotizó; pero no presentó cuotas en el período de análisis.
“Ya que el hecho de dejar de cotizar uno o más años no elimina los derechos latentes que un cotizante puede tener, estamos ante la situación de que las pensiones que estos cotizantes generarán en el futuro se quedan fuera del análisis. Como consecuencia de esto, las pensiones estarán subestimadas”, dijeron los actuarios.
Esto da como resultado que aproximadamente 20% de los pensionados nuevos de cada año, no están en la base de datos del año corriente o año anterior.
Incluso, de los 12,435 nuevos pensionados por invalidez y vejez de 2018, 12.2% no estaba en ninguna de las bases de datos del 2015, 2016, 2017 y 2018.
En base a esta situación, el informe actuarial concluye que los cotizantes inactivos pueden ser un grupo considerable de potenciales pensionados adicionales.
Pero, “al no tomar a este grupo en cuenta, se podría estar subvalorando los estimados de gastos por pensiones futuras del régimen. Esto es un tema que se debe abordar en el próximo estudio actuarial y no tratar como una limitación de la data”.
El tema se desprende del informe que la Junta Técnica Actuarial entregó a la junta directiva de la CSS en octubre de 2020.
En ese reporte destacan que el subsistema de beneficio definido de pensiones está por entrar en una “situación de falta de fondos inminente”, si no se adoptan las medidas correctivas inmediatas para extender su vida.
Los aportes que hacen los contribuyentes y el Estado no son suficientes para pagar las pensiones, y el problema estructural y administrativo se ha agravado por la pandemia de la Covid-19.
Las proyecciones, sin los cotizantes inactivos, indican que en 2026 el Estado tendría que poner más de $1,000 millones para tapar el déficit.
Cada año el déficit refleja una curva ascendente hasta alcanzar su pico en el 2051 con $6 mil millones.